Resultados de un seguimiento y análisis hemerográfico y documental

RECUENTO DE DAÑOS A LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DURANTE EL 2001

Verónica Trinidad Martínez* / Rogaciano Méndez** / Manuela Olivos*** / Omar Raúl Martínez****

* Coordinadora de la Unidad de Seguimiento y Análisis de la Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía.
** Secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP).
*** Colaboradora y analista de la Fundación Manuel Buendía.
**** Presidente de la FMB, director de la Revista Mexicana de Comunicación y coordinador de Periodismo de la Universidad Iberoamericana.

Si bien es preciso reconocer un escenario de mayor apertura y crítica en los foros informativos nacionales, tampoco puede soslayarse que, durante 2001, los actos contra periodistas y medios de comunicación siguieron presentándose en México prácticamente con la misma recurrencia que en el último año de régimen zedillista.

Y aunque el Presidente Vicente Fox ha reiterado el respeto irrestricto de su gobierno a las libertades de expresión e información, en los hechos, el Poder Público se mantiene, al igual que en las administraciones priístas, como el principal responsable de afectar e inhibir el ejercicio periodístico. En ese contexto no pueden pasarse por alto las expresiones descalificatorias que el Primer Mandatario hizo a principios de noviembre en torno al quehacer informativo de los medios de comunicación ("hay muchisima calumnia, hay muchísimo engaño, hay mucha mentira"), oportunidad en la que deslizó una velada postura inhibitoria que no pocos acomedidos subalternos estarían dispuestos a cumplir ("No faltan las voces que me piden que ya ponga orden. Por supuesto que no voy a poner ese tipo de orden a través de restringir la libertad de expresión").

El estado de las libertades de expresión e información, en suma, no presentó mejoría alguna en 2001 y, muy al contrario, evidenció un deterioro al consignarse un incremento del 25% (126 casos) respecto al último año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando se registraron 101 actos.

Del total de incidentes registrados, tres fueron asesinatos, 25 lo constituyeron agresiones físicas, 14 consistieron en citatorios a comparecer ante un Juez o el Ministerio Público y 12 se tradujeron en demandas judiciales, con lo que estos dos últimos casos se consolidaron como la segunda y tercera causas, respectivamente, de actos contra informadores.

Tales aseveraciones se desprenden de análisis hemerográfico y documental sobre los actos contra las libertades informativas en nuestro país -ocurridos durante 2001 a nivel federal- realizado por la Fundación Manuel Buendía, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el Centro Nacional de Comunicación Social y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, como parte de los trabajos emprendidos por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, de la cual también son organismos miembros el Centro de Periodistas de Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La Fraternidad de Reporteros de México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Visión Global

Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2001, y de acuerdo con los criterios metodológicos de la Red, se consignaron 126 incidentes contra periodistas y medios informativos en todo el país, 49 de ellos (39%) ocurridos en el Distrito Federal.

Del universo de hechos registrados, la mayoría se dirigieron contra periodistas (76%) en tanto que los restantes (24%) fueron contra las instituciones mediáticas en general.

Al profundizar en el tipo de actos, pudo advertirse que el 58% del total referido lo constituyeron agresiones públicas o embozadas contra periodistas (47%) y medios (11%), mientras que el 42% fueron hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas (29%) y medios (13%).

Por lo anterior no resulta extraño que entre los actos más recurrentes estén las agresiones físicas (20%), seguidos de las citas a comparecer (11%), las demandas (10%), las amenazas o intimidaciones (8%). Y con menores cuantías se ubican atentados, anuncios de demanda y detenciones, con 6%, 6% y 5%, respectivamente. En esta ocasión se registraron tres asesinatos ocurridos en Chihuahua (2) y Tamaulipas (1), que representan un 2% del total de casos.1

En consecuencia, como en años anteriores, quienes resultaron mayormente afectados por la naturaleza misma de su actividad fueron los reporteros con 33% de incidencias, y en orden descendente los columnistas con 9%, corresponsales con 8% y fotorreporteros con 7%. Dentro del mismo segmento vale resaltar que, con similares tendencias que en el pasado, los informadores de la fuente política (29%), de información general (24%) y policiaca (22%) fueron los que sufrieron el mayor índice de agresiones y actos inhibitorios.

Como en los tres años precedentes, la prensa registró el número más elevado (55%) de actos contra las libertades informativas, a pesar de que en los primeros seis meses del actual Gobierno los datos indicaban que los medios electrónicos estaban acumulando la mayor cantidad de agravios.

Así, después de los diarios y revistas, la televisión (16%) y la radio (11%) fueron los medios que captaron el más elevado porcentaje de incidentes que pueden considerarse atentatorios a las libertades de expresión e información en México.

Una tendencia preocupante es la relativa a los motivos por los que medios y periodistas resultaron agredidos o inhibidos, habida cuenta de que en el 82% de los actos se implican razones evidentemente de carácter informativo y se desglosan de la siguiente manera: 27% por ejercer su quehacer reporteril al momento de cubrir la información, 26% a causa de los contenidos publicados, 22% fueron debido a denuncias dadas a conocer a través de los medios. 10% por razones desconocidas o no investigadas, y 7% por críticas.

Al analizar a los presuntos responsables, se manifiesta una constante prevaleciente desde años atrás: que los distintos representantes del Poder Público siguen encabezando la lista con 54% de incidencias. Tal dato engloba cuatro segmentos: fuerzas del orden, 22%; funcionarios de gobierno, 21%; instituciones de gobierno, 6%; y funcionarios de dependencias policiacas, 5%. En el 11% de los actos no se logró identificar a los actores materiales o intelectuales de los hechos, dato con el que lamentablemente se garantiza mayor impunidad. Cabe señalar que particulares y grupos sociales ocuparon un destacado lugar al obstaculizar las libertades de expresión e información en 10% y 6% de los casos respectivamente; se incorporaron a la lista los directivos de medios con 8%.

Del periodo analizado, los meses de marzo, abril y mayo, junto con el último trimestre del año, acumularon la mayor parte de los incidentes contra informadores y medios (69%). Y es que, curiosamente, marzo (14%), abril (7%) y mayo (13%) fueron meses cargados o inundados por una vorágine informativa que implicó la caravana zapatista y las acciones desarrollados por el EZLN en la Ciudad de México hacia la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, la discusión y aprobación de tal propuesta de ley en el Congreso, la difusión y debate sobre el nuevo proyecto hacendario del gobierno federal, la auditoría al ejercicio administrativo de la ex jefa de gobierno del DF, Rosario Robles y un alarmante número de amenazas hechas en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, que culminaron con el asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Una mirada al Distrito Federal

De acuerdo con el seguimiento hemerográfico y documental, los estados más afectados en cuanto a la violación de las libertades informativas fueron el Distrito Federal (39%), tres entidades del sur del país: Chiapas (7%), Guerrero (6%) y Veracruz (6%) y el Estado de México (6%), seguidas de Coahuila (5%), Michoacán (4%), Sonora (4%) y Chihuahua (3%).

Como se indicó anteriormente, del total de casos consignados en el presente recuento, 49 sucedieron en la Ciudad de México.2

De tal conjunto salta a la vista un dato que mueve a la reflexión: desde la perspectiva numérica se mantuvo el número de atropellos en relación con el 2000 en que se registraron 48 incidentes, entre agresiones y actos inhibitorios, pero aumentaron los hechos que pueden significar presiones a periodistas y medios, al pasar de 35% en el año anterior a 53% en el año que trata el presente análisis. Esto resulta preocupante pues -sin dejar de reconocer el legítimo derecho de recurrir a instancias jurídicas por parte de quienes se sienten agraviados por determinadas informaciones- supone que los actores políticos acuden cada vez más a mecanismos legales como demandas (14%), anuncios de demandas (12%) y citas a comparecer ante la autoridad (8%).

El dato no resultaría inquietante si en México existiera un marco legal de medios acorde con los nuevos tiempos políticos, o si por lo menos se aplicara la Ley de manera imparcial al margen de interesadas coyunturas políticas. Y es que, sin dejar de reconocer ciertos actos de irresponsabilidad de los medios de comunicación, lo cierto es que en ocasiones se inician procesos judiciales contra ellos sólo para inhibir el ejercicio crítico de las libertades informativas en contra de los poderes establecidos.

En contraste se consolidó la tendencia descendente del índice de agresiones físicas, pues se consignaron en todo el año únicamente nueve actos de esa índole, mientras que tan sólo en los primeros seis meses de 2000 ocurrieron siete hechos de esta naturaleza en el Distrito Federal.

A diferencia de la visión nacional en que el Poder Público aparece como responsable en 54% de los actos, la tendencia en el ámbito capitalino es hacia la baja, pues sumó 32% de casos con esta presunción.

En el rubro de quienes han resultado mayormente afectados, la diferencia entre lo que ocurre en las esferas federal y local tiene sus matices, pues para el caso de los reporteros los porcentajes son 33 y 22%, respectivamente, mientras que para los columnistas las cifras obtenidas son 8 y 18%, en cada caso. De ellos, una amplia proporción tiene como tarea referir o comentar los sucesos de la vida pública del sector social y político: el 33% estaba adscrito al área de información general, 29% era de la fuente política, 12% pertenecía a la sección policiaca, y 12% a la de espectáculos.

En el 51% de los 49 incidentes ocurridos en el DF, la prensa fue el medio más afectado, después la televisión con 20%, seguidos de diversos con 16% y radio con 10%.

Casi de la misma manera que en la visión global, el grueso de los actos (76%) tuvo lugar en los últimos meses del año y en el primer cuatrimestre del 2001, desglosado de la siguiente manera: octubre, 20%; noviembre, 12%; y septiembre 10%; así como mayo, 14%; marzo y abril, 10% en cada mes.

La explicación de este comportamiento, pudiera encontrarse en que en dichos períodos se efectuaron varios sucesos que concentraron la atención crítica de los medios informativos: operativos policiacos en colonias populares, marchas y plantones políticos de organizaciones civiles, la visita de la Comandancia General del EZLN al Distrito Federal, la protesta de ciudadanos a la inicia y posterior aprobación de reforma hacendaria del Gobierno Federal, la auditoria administrativa al anterior gobierno capitalino, entre otros.

Por ende, nada extraño resulta que casi el total de agresiones y actos inhibitorios (91%) ocurridos en la Ciudad de México, hayan sido motivados por la cobertura, crítica o denuncia sobre alguno de estos sucesos, y se reparten de la siguiente forma: por contenidos, 49%; por cumplir la labor informativa, 20%; por ejercer la crítica, 10%; por razones desconocidas, 6%; y por denuncias 6%.

Fox y los periodistas

Desde los primeros meses de su administración, el Presidente Vicente Fox etiquetó a los sectores críticos de la prensa como el círculo rojo, y aunque en un principio le manifestó un franco respeto por su contribución a la democracia, lo cierto es que durante el último bimestre del 2001 no pudo contener controversiales expresiones descalificatorias contra medios y periodistas.

El 3 de noviembre, en su programa radiofónico Fox en vivo, Fox contigo, sostuvo con un dejo de enfado:

Hay muchísima distorsión en la manera como se dan las noticias, hay muchisima calumnia, hay mucho engaño, hay mucha mentira recientemente en los medios de comunicación. Hoy tengo más interés que nunca de hablar con ustedes directamente, que conozcan de viva voz lo que realmente está pasando en nuestro país para que, de esa manera, podamos hacer un juicio propio, un juicio personal. [...] Así no hay distorsión, así no hay engaño, así no prevalece la calumnia.

En aquella emisión radial, el Jefe del Ejecutivo expuso cuatro polémicas consideraciones:

A) "Francamente, hemos estado bajo una metralla impresionante de ataques por una sarta de babosadas que no tienen la menor importancia para nuestro país."

B) "No faltan las voces que me piden que ya ponga orden. Por supuesto que no voy a poner ese tipo de orden a través de restringir la libertad de expresión."

C) "Yo ya deje de leer una buena cantidad de periódicos porque francamente me amargaban un poco el día."

D) "De mi parte ni se crean que me van a tumbar con críticas de periódicos."

Frente a tales declaraciones es menester apuntar lo siguiente:

1) El periodismo no es -no puede ser en una democracia- un ejercicio zalamero del poder. Por tanto resulta un despropósito que un Presidente convoque a celebrar las alabanzas de su gobierno. En un contexto prodemocrático, el quehacer periodístico tiene justamente una misión distinta: escrutar y evaluar el ejercicio de los poderes, promover el intercambio de opiniones y críticas sobre la realidad política y social, indagar y plantear las prospectivas de los asuntos públicos, y evidenciar las inepcias y los excesos del poder público.

2) Cuando Vicente Fox expresa que le han sugerido que "ponga orden" frente a la crítica periodística y asegura que no intervendrá, la primera impresión es que esa desafortunada frase encierra un velado tinte que oscila entre la benevolente tolerancia y la suave advertencia. Porque frente a este tipo de posturas públicas del poder político es dable la posibilidad de que algún funcionario o empleado menor pudiera adoptar, por propia iniciativa, esa línea de conducta para congraciarse con sus superiores. Sin atrevernos a plantear conclusiones terminantes en tal sentido, ¿no resulta curioso que noviembre y diciembre de 2001 -bimestre posterior a dichos señalamientos- sean dos de los cinco meses con mayor número de actos contra periodistas y medios?

En suma: la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios manifiesta su rechazo e inquietud frente a este tipo de declaraciones presidenciales o de cualquier otro alto funcionario de gobierno, por las acciones implicitas que podrían sugerir a sus subalternos. La molestia pública del poder de ninguna manera puede equipararse a la crítica periodística. Ahora, si hay inconformidad respecto del comentario o la cobertura errática o malintencionada de ciertos medios de comunicación, entonces que los representantes gubernamentales afectados lo expresen con nombre y apellidos, sin generalizar y descalificar a todo un gremio.

Conclusiones

El presente análisis documental y hemerográfico no representa un diagnóstico acabado sino sólo una aproximación al estado de las libertades de expresión en información en México durante el 2001, primer año de gobierno del presidente Vicente Fox y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Manuel López Obrador.

Por ello este Recuento de Daños únicamente pretende advertir los rumbos y tendencias que se perfilan en la materia de acuerdo con las fuentes hemerográficas y documentales de que se dispone. Al respecto vale resaltar que las cifras del presente informe habrían sido más abultadas si se hubiesen incluido las 14 demandas que el periódico Reforma asegura le fueron interpuestas el año pasado3. Lamentablemente, pese a la solicitud expresa, la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación no tuvo acceso a la información respectiva. De igual forma, tampoco se incluyeron otros casos insuficientemente documentados, debido a lo turbio de sus circunstancias y motivaciones, y se retiró un caso de asesinato luego de que las autoridades competentes concluyeron que el crimen no fue motivado por razones del ejercicio periodístico.

Dicho lo anterior, vale enunciar las siguientes conclusiones:

1) Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2001 se registraron 126 actos contra periodistas (76%) y medios de comunicación (24%), tres de cuales fueron homicidios ocurridos en Chihuahua (2) y Tamaulipas (1).

2) Los casos más recurrentes fueron agresiones físicas (20%), aunque concentraron un porcentaje considerable los citatorios a comparecer ante una autoridad Judicial (11%), las demandas (10%) y las amenazas e intimidaciones (8%).

3) Quienes cotidianamente reportan las noticias continúan siendo los más golpeados con un 33% de incidencias, seguidos de los columnistas (9%), los corresponsales (8%), y los fotorreporteros (7%), particularmente de las fuentes política (29%), información general (24%) y política (22%).

4) A pesar de que en el Recuento semestral documentamos un desplazamiento momentáneo de la prensa escrita por los medios electrónicos como los destinatarios del mayor número de actos, en el balance anual la tendencia se revierte y los diarios y revistas, como en los tres años anteriores, vuelven a ser los que más incidencias acumularon al registrar 55% de las agresiones, seguidos de la televisión (16%), diversos (13%) y la radio ( 11%).

5) De acuerdo con las fuentes hemerográficas consultadas, más de tres cuartas partes de las 126 agresiones y presuntos hechos inhibitorios contra periodistas tuvieron implicaciones de carácter profesional y se repartieron de la siguiente manera: 27% por ejercer su labor reporteril, 26% por los contenidos de sus textos, 22% por denuncias, 7% por asumir una postura crítica, y otros de menor cuantía.

6) Los representantes del Poder Público siguen encabezando la lista de presumibles agresores con un total global de 55%, que se desglosa como sigue: fuerzas del orden, 22%; funcionarios de gobierno, 21%; desconocidos, 11%; particulares, 10%. En este mismo apartado destaca el dato relativo a que directivos de medios se han incorporado como presuntos responsables, con un nada desdeñable 8% de los incidentes; y los grupos sociales se mantienen en la lista de quienes vulneran las libertades de expresión e información a nivel nacional con el 6 % de los casos.

7) Los últimos meses de 2001 y el primer semestre del mismo año, concentraron la mayor parte de los actos contra las libertades de información (76%) debido quizás a la vorágine de hechos ocurridos en esos lapsos -que originó intensos debates tanto en la sociedad como en los medios de comunicación-, tales como la caravana zapatista, la discusión y aprobación de la propuesta hacendaria del gobierno federal, la reactivación de la ley de la Cocopa y el grave número de amenazas hechas en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, que culminó con el asesinato de al abogada Digna Ochoa.

8) De los 126 casos consignados en contra de las libertades informativas, 49 de ellos (39%) ocurrieron en el Distrito Federal. Tal dato revela que se mantiene el número de casos en relación con el año 2000 cuando hubo 48 incidentes, entre agresiones y actos inhibitorios, aunque aumentaron los hechos que pueden significar presiones a periodistas y medios, al pasar de 35% en 2000 a 53% en 2001.

9) En contraste con lo sucedido a nivel nacional en que el Poder Público es el principal responsable con el 55% de incidencias, en la capital la cifra se ubicó en 32% de los casos con esta presunción.

10) La Red Mexicana de Protección a Periodistas manifiesta su rechazo a todo tipo de aseveraciones del Poder Público que pudieran sugerir, velada o abiertamente, acciones inhibitorias en contra del ejercicio periodístico.

NOTAS

1) Por el rigor metodológico de la presente investigación, es pertinente aclarar que las indagatorias realizadas acerca del homicidio del conductor de al empresa Multimedios Estrellas de Oro, Humberto Méndez Rendón, acontecido en Gómez Palacios, Durango, concluyeron que su muerte no tiene relación con el ejercicio periodístico, por lo que ha sido retirado de nuestro análisis estadístico.

2) Vale resaltar que, como en anteriores estudios, la mayor parte de la información que sirvió de base para el presente Recuento procede de medios impresos e instituciones asentadas en la Ciudad de México. Por ello, resulta insalvable el que se registre un mayor número de actos ocurridos en esta parte del país en relación con el resto de los estados, lo que a su vez puede suponer una visión centralista.

3) El 26 de abril de 2001, Alejandro Junco de la Vega, presidente y director general de Grupo Reforma declaro que "en los últimos cuatro meses, Grupo Reforma ha enfrentado 14 casos en el país de denuncias penales que entorpecen el trabajo informativo y que suelen estar manejados por Ministerios Públicos que dependen o están relacionados con los denunciantes".

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