Resultados de un seguimiento y análisis hemerográfico y documental

RECUENTO DE DAÑOS A LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DURANTE EL 2000

Verónica Trinidad Martínez* / Angélica Pineda** / Omar Raúl Martínez***

* Coordinadora de la Unidad de Seguimiento y Análisis de la Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía (FMB). ** Periodista de Radio Educación. *** Presidente de la FMB, director de la Revista Mexicana de Comunicación y coordinador de Periodismo de la Universidad Iberoamericana.

Pese a tener como marco la elección presidencial más disputada de la historia de México, el año 2000 significó el periodo menos violento en los últimos seis años para el ejercicio de las libertades de expresión e información.
A diferencia de lo ocurrido durante la administración salinista en que el año electoral por la Presidencia (1994) concentró el 31% de los actos contra periodistas y medios de ese sexenio, el 2000 acumuló poco menos de una octava parte de los hechos contra las libertades informativas sucedidas desde 1995.

No obstante de que la tendencia observada en informes de otros años permitía albergar serios temores de que la fuerte competencia electoral cobrara caras facturas a los profesionales de la información, por fortuna ello no ocurrió en la medida en que se preveía, y pudieron consignarse 101 casos de agresiones y actos inhibitorios de las libertades de expresión e información contra medios y periodistas en México.

En otras palabras: en el 2000 se observó un decremento del 25% con respecto de los 135 casos registrados en 1999; y del 50% en referencia a 1998 (el año más difícil para la prensa mexicana durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León), cuando se documentaron 202 agresiones y actos inhibitorios contra periodistas y medios de comunicación. Los 101 registros del 2000 significan también un descenso del 46% en relación con los 187 casos seguidos en 1997 por la red y del 16% en cuanto al promedio de 120 casos observados en 1995 y 1996.1

Empero, si bien la administración zedillista cerró con una disminución importante de actos contra el ejercicio periodístico, globalmente se caracterizó como el sexenio más peligroso y difícil para quienes refieren la historia inmediata. En tal periodo se tuvo conocimiento de 865 agravios y actos inhibitorios de las libertades de expresión e información en México, lo que significa un aumento del 25% con respecto de su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, cuyo sexenio se había perfilado como la etapa con el mayor número de actos contra medios e informadores, con 645 registros en total.2

Por fortuna, no se observó la misma situación en lo referente a asesinatos contra periodistas, pues durante el 2000 sólo se documentaron dos ligados con su ejercicio profesional, que sumados a los 22 informadores ultimados en los cinco años anteriores de la administración zedillista dan un total de 24. El dato resulta contrastante si lo comparamos con los 46 asesinados durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari.

Todo lo anterior se desprende de un análisis y seguimiento hemerográfico y documental sobre el estado de las libertades de expresión e información en México durante el año 2000, realizado por la Fundación Manuel Buendía y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, con el valioso apoyo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y el Centro Nacional de Comunicación Social, como parte de los trabajos emprendidos por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, de la cual también son organismos miembros la Fraternidad de Reporteros de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.3

Un dato que se advierte en los estudios de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, y sobre lo cual manifiesta su profunda preocupación, hace referencia a que una parte importante de los asesinatos de periodistas en los últimos años han ocurrido por investigaciones que efectuaban en torno al narcotráfico, con lo que se hace evidente que si bien la transición democrática ha comenzado a redundar en un mayor respeto al ejercicio periodístico por parte de funcionarios y ciudadanos en general, el mayor peligro ahora lo representan las organizaciones criminales.

Asimismo, la Red plantea al nuevo gobierno que resulta inaplazable una reforma jurídica que promueva y garantice no sólo el respeto y ejercicio de las libertades de expresión e información en nuestro país, sino que además impulse una legislación en materia de derecho y acceso a la información, como condición indispensable para avanzar hacia linderos auténticamente democráticos.

Visión global

De acuerdo con los criterios metodológicos de la Red Mexicana de Protección a Periodistas4, de los 101 casos registrados durante el 2000, el 59% fueron agresiones públicas o embozadas contra periodistas (51%) y medios de comunicación (8%), mientras que el restante 41% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas (34%) y a medios (7%).

Lo anterior ratifica la tendencia observada en informes anteriores elaborados por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, en el sentido de que por fortuna las agresiones directas contra medios e informadores están disminuyendo, pero en contraposición los grupos de poder y de presión están acudiendo cada vez más a acciones jurídicas basadas en un marco legal cuya interpretación y aplicación discrecional o condicionada a determinadas coyunturas políticas, en ocasiones atenta contra las libertades de expresión e información.

Del total de casos (101), la mayoría fueron cometidas contra periodistas (85%) y el resto (15%) se dirigieron contra los medios. Por tanto, las agresiones físicas fueron las más recurrentes, con el 26% de los casos, seguidas por las citas a comparecer (17%) y las amenazas e intimidaciones (13%). Con menor cuantía se ubicaron los atentados (7%), los bloqueos informativos y las demandas, (6% cada cual).

Los periodistas mayormente expuestos a agresiones son quienes están en la búsqueda directa de la información, es decir, los reporteros (42% de los casos) y los fotógrafos-reporteros (14%), con lo que la posibilidad de una agresión es consustancial al ejercicio del reporteo, máxima que demuestra la precariedad de nuestro Estado de Derecho. En tercer lugar se ubicaron los columnistas, con el 8% de los registros.

A ello hay que agregar que los periodistas y medios que reciben más agresiones o presiones son los de medios escritos, en el 61% de los registros documentales o testimoniales obtenidos, seguidos por los de medios televisivos (13%) y los de radio (4%).

Con base en las cifras anteriores, no resulta sorprendente que el 38% de los casos tuvieran como causa directa el contenido de la información publicada, o el ejercicio mismo de la labor periodística en el 37% de los casos.

La cerrada competencia electoral que vivimos los mexicanos y que tuvo su momento culminante el 6 de julio de 2000 se reflejó en el hecho de que mayo (11%), junio (12%) y julio (12%) fueron los meses en que se produjeron los mayores porcentajes de agresiones y presiones contra periodistas y medios. También el mes de febrero (11%) fue significativo, pues fue cuando la Policía Federal Preventiva entró al campus de Ciudad Universitaria para desalojar a los paristas que habían mantenido paralizada a la Universidad Nacional Autónoma de México por casi un año.

Las números hasta aquí referidos permiten explicar por qué el Distrito Federal fue la entidad en la que se encontró el mayor número de casos (48%), seguidos por los estados de Guerrero (8%) y Chihuahua (5%), así como San Luis Potosí, Morelos, Baja California, Campeche, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Veracruz (3% cada uno).5

En lo relativo a quiénes fueron los mayores agresores contra medios y periodistas, se ubicaron en primer lugar las fuerzas del orden (26%), seguidas por desconocidos (14%), instituciones de gobierno (11%), funcionarios de dependencias policiacas (11%) y funcionarios de gobierno (8%), así como directivos de medios (7%), miembros o instituciones educativas (6%) y partidos políticos (5%).

De lo anterior se deduce que el conflicto universitario siguió teniendo repercusiones importantes no sólo en la labor informativa que debieron desplegar los medios, sino también en los riesgos que debieron asumir los periodistas capitalinos. Asimismo, es menester destacar la impunidad que persiste en torno a los actos contra quienes ejercen el periodismo, en virtud de que en un alto porcentaje de casos no se logra identificar directamente al agresor.

Mirada particular a periodistas

De los 86 casos de informadores afectados que pudieron documentarse, el 60% correspondió a agresiones públicas o embozadas y el 40% a hechos que pueden significar inhibición al ejercicio de la libertad de expresión.

La mayor parte de las agresiones públicas fueron agresiones físicas (30%), amenazas o intimidaciones (14%), bloqueos informativos (6%), y secuestro (3%), observándose por fortuna que los actos en contra de la vida de los periodistas muestran una disminución, pues los casos de asesinatos y atentados tuvieron un porcentaje de 2% cada cual.

En lo que se refiere a hechos inhibitorios que pudieran significar presiones a informadores, la mayor parte fueron llamados a comparecer (20%), demandas (6%), y detenciones (5%), seguidas por los despidos por censura o actos de arbitrariedad en la edición, con un 2% en cada categoría.
Los motivos por los que se presentaron las agresiones públicas o embozadas estuvieron relacionados en primer término con el cumplimiento de la labor misma (38%); en segundo lugar con los contenidos informativos, posibles denuncias o posibles contenidos (6% de cada categoría), en tanto que los hechos que pueden significar inhibición al ejercicio periodístico obedecieron en el 30% de los casos al contenido informativo, y en el 5% al ejercicio de la labor informativa.

Los responsables de las agresiones públicas o embozadas contra periodistas, de acuerdo con las fuentes hemerográficas y documentales consultadas, fueron las fuerzas del orden (24%), desconocidos (12%), miembros o instituciones educativas (6%) y partidos políticos (5%); mientras que en lo relativo a quienes incurrieron en hechos que pueden significar inhibición al ejercicio periodístico destacaron los funcionarios de dependencias policiacas (12%) e instituciones de gobierno (10%), así como los directivos de medios (6%) y las fuerzas del orden (5%).

Habida cuenta de quienes fueron los agresores, no resulta sorprendente saber que los reporteros, los fotógrafos-reporteros y los columnistas fueron los periodistas mayormente agraviados, con el 49%, 16% y 9% respectivamente, seguidos por los fotógrafos, corresponsales y conductores, con un 4% cada uno.

De allí que también resulte lógico que los periodistas de las fuentes política, policiaca y de información general sean los que mayores peligros enfrentan en su labor cotidiana, según revelan los porcentajes que observó cada categoría: política 45%, policiaca 26%, información general 17% y educativa 8%. Este último dato obedece, como ya se señaló anteriormente, al conflicto estudiantil en la máxima casa de estudios.

Mirada a medios

En el 2000 se documentaron 15 casos de incidentes contra medios de comunicación, que se concentraron en los medios escritos (67%), seguidos por las radiodifusoras y las televisoras (13% cada cual).

De esos 15 casos, el 53% lo constituyeron agresiones públicas o embozadas, en tanto que el restante 47% fueron hechos que pueden significar presión o inhibiciones contra los medios de comunicación.

Las agresiones públicas se tradujeron en atentados, en el 33% de los casos, en tanto que los actos de censura, los bloqueos informativos y las amenazas o intimidaciones tuvieron un porcentaje de 7 puntos cada cual.

En cuanto a las presiones contra medios, el 20% de los casos se refirieron a anuncios de demandas; mientras que el robo, la demanda, la confiscación y los anuncios de bloqueos informativos tuvieron un porcentaje de 7% cada uno.

Los aparentes responsables de las agresiones directas fueron, curiosa o paradójicamente, los directivos de los propios medios o desconocidos (13% cada uno), o bien, supuestos narcotraficantes, miembros o instituciones educativas, funcionarios de gobierno y fuerzas del orden (7% cada categoría). Asimismo, los presuntos responsables de cierto tipo de presiones contra medios de comunicación fueron particulares, miembros u organismos deportivos, instituciones de gobierno, grupos políticos, funcionarios de gobierno, ex directivos de medios y desconocidos, con un porcentaje de 7% cada cual.

Los motivos de las agresiones directas fueron desconocidos, en el 27% de los casos; y por los contenidos de la información publicada, en el 13%; mientras que en lo que se refiere a las presiones ejercidas contra medios de comunicación, éstas obedecieron en el 33% de los casos a los contenidos informativos y a posibles contenidos o por motivos desconocidos, en un porcentaje del 7%.

Conclusiones

Como en años anteriores, conviene apuntar que el presente análisis hemerográfico y documental constituye una aproximación de los hechos sucedidos en contra de las libertades de expresión e información en México. Su realización obedece a una valiosa suma de esfuerzos aglutinados en la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación cuya medular tarea ha sido consignar, documentar, denunciar, analizar todo tipo de agresiones o actos inhibitorios del ejercicio de las libertades informativas en el país.

Así, en este Recuento de daños, podemos entresacar las siguientes conclusiones:
a) Durante el 2000, se consignaron 101 casos de agresiones y actos que pueden significar inhibición o presiones contra periodistas y medios, con lo cual se evidencia un decremento del 25% en relación con 1999, cuando se registraron 135 incidentes. Y en contraste con 1998, se advirtió una disminución de 50%, pues en ese año hubo 202 actos contra el quehacer informativo.

b) Pese a lo anterior, proporcionalmente aumentaron los hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios: de 30% de los casos anotados en 1999, la cifra creció a 41% en el 2000 en ese rubro. Este dato mueve a la reflexión si tomamos en cuenta que actos como citas a comparecer ante la autoridad (17% de los incidentes en el periodo estudiado) o demandas (6%) han resultado prácticas cada vez más frecuentes en los últimos años, debido quizás al propósito de algunas fuentes o personajes públicos de inhibir el ejercicio crítico de las libertades informativas, o debido al quehacer insuficientemente fundado o irresponsable de algunos informadores.

c) En el 2000 sólo se registraron dos asesinatos aparentemente vinculados al oficio periodístico, y que en particular pudieran tener implicaciones del narcotráfico, lo cual obliga a prender una luz de alerta en la medida que los traficantes de droga tienden a perfilarse, cada vez con mayor claridad, como continuos responsables de atentar contra el quehacer periodístico.

d) Como en años pasados, la tendencia sobre los presuntos responsables se mantiene: las fuerzas del orden encabezan la lista con el 26% de los incidentes, seguidos de funcionarios e instituciones de gobierno con 19%, desconocidos con 14%, y funcionarios de dependencias policiacas con 11%. Todo ello evidencia, lamentablemente, que las principales áreas interesadas en presionar, inhibir o acallar a la prensa proceden del poder público.

e) De igual forma, durante el 2000 se mantuvo otra tendencia advertida en el pasado: los reporteros fueron los más afectados con el 42% de incidencias, seguidos de fotógrafos y reporteros con el 18%. Y siendo un año electoral, no resultó extraño que el 45% de tales informadores procedieran de la fuente política, un 26% del área policiaca, y un 17% de la fuente de información general.

f) La prensa sigue siendo el medio con mayores presiones ya que, como en los tres años precedentes, en el 60% de los actos los protagonistas afectados son de los medios escritos.

g) Finalmente, el periodo con mayor índice de actos contra las libertades de expresión e información fueron los tres meses previos a la elección presidencial, circunstancia coincidente con años y épocas comiciales del pasado. Con ello sólo se confirma un hecho irrefutable: que en momentos previos a procesos electorales eventualmente suelen afinarse instrumentos de presión o de búsqueda de control.

h) Si bien es cierto que el año 2000 no representó un periodo tan difícil o cruento como en los cinco años precedentes, también es irrefutable que el sexenio zedillista sumó 865 actos contra el quehacer periodístico, cifra más elevada que la registrada durante el régimen salinista (520), aunque este último con 22 asesinatos más.

NOTAS

1) Véase Martínez, Omar Raúl y Martínez, Verónica Trinidad. Recuento de daños. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México durante 1997, editado por el Centro Nacional de Comunicación Social y la Fundación Manuel Buendía; así como Martínez, Verónica Trinidad; Pineda, Angélica y Martínez, Omar Raúl. Recuento de daños 1998. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México, editado por el Centro Nacional de Comunicación Social, la Fundación Manuel Buendía, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Respecto del periodo 1994-1996, revísese Martínez, Omar Raúl y Martínez, Verónica Trinidad, "Agravios a periodistas mexicanos durante el primer bienio zedillista", en Revista Mexicana de Comunicación, núm 49, junio-julio de 1997. Además revísese Recuento de daños. 1999. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México, editado por el Centro Nacional de Comunicación Social, la Fundación Manuel Buendía, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa.

2) Al respecto, consúltese el informe "La represión a la prensa en México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)", elaborado por el Centro Nacional de Comunicación Social en edición facsimilar, así como Martínez, Omar Raúl, Barrera, Juan Antonio, Narváez, Fabiola y Martínez, Verónica Trinidad, "Un periodo sombrío para el periodismo mexicano", en Revista Mexicana de Comunicación, núm. 40, mayo-junio de 1995, pp.6-10.

3) En lo que concierne a los propósitos y organizaciones integrantes de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, léase la información contenida en la segunda y tercera de forros del presente informe.

4) Sobre la metodología utilizada para la elaboración de este informe, consúltese el apartado "Criterios de selección de casos", que inicia en la página 20 del presente documento.

5) Conviene resaltar que, como ha ocurrido en anteriores recuentos, suele consignarse mayor información referida a la Ciudad de México habida cuenta que la mayor parte de las fuentes hemerográficas consultadas se editan en esta parte de la República. Por esa razón, el que se consigne un alto número de actos ocurridos en el Distrito Federal supone una perspectiva tamizada por el centralismo.

Vitrina Metodológica

Gráficas