La denuncia judicial, la mejor arma contra la impunidad

Libertad de expresión e impunidad en México

Balbina Flores Martínez

Responsable del Programa de Protección a Periodistas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y corresponsal de Reporteros sin Fronteras en México.

El presente Recuento de daños 2000 registra un centenar de agresiones y actos violatorios contra periodistas y medios, lo cual muestra que las libertades de expresión y de información en México siguen representando un reto para la administración de la justicia, con lo que resulta sumamente afectado el Derecho a la Información.

Las amenazas, golpes y asesinatos de periodistas que se registraron en el año 2000, una vez más nos llevan a reflexionar sobre un tema que poco se ha analizado en torno a las agresiones contra los periodistas, como la falta de administración de justicia, circunstancia que trae aparejada un fenómeno creciente: la impunidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el año 2000 fueron recibidas 14 quejas de trabajadores de los medios de comunicación. De todas ellas, siete (7) concluyeron por orientación, tres (3) fueron solucionadas durante el trámite y el resto por no competencia (1), conciliación (1), y sólo una (1) con recomendación1. Tales cifras, sin embargo --como lo declaró el presidente de esa Comisión, José Luis Soberanes-- no significa que las agresiones a periodistas tiendan a desaparecer: no mientras la impunidad gire en torno a ellas.
Para Amnistía Internacional, la impunidad de hecho "puede configurarse cuando las autoridades no investigan las violaciones a los derechos humanos o aun cuando investigando no lo hacen de manera pronta y diligente y acatando los estándares internacionales en la materia". La impunidad, precisa, se perfila "no sólo cuando el Estado no traduce ante los estrados judiciales a los autores de violaciones de derechos humanos, sino cuando sólo persigue judicialmente a algunos".2

En este contexto podríamos hacer referencia a varios casos de agresiones a periodistas que permanecen en la impunidad y que han llamado la atención de organismos nacionales e internacionales. Pese a ello, los resultados no son satisfactorios.

Una lucha contra el olvido

Entre los asesinatos de periodistas que hasta la fecha continúan sin esclarecerse, se encuentra el del director del semanario Zeta, Héctor Félix Miranda, asesinado en abril de 1988, en Tijuana, Baja California (caso que mereció al gobierno mexicano, una recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999). Otro ejemplo es el del director del periódico La Prensa, Benjamín Flores, asesinado en julio de 1997, en San Luis Río Colorado, Sonora, en el cual los presuntos autores materiales e intelectuales han sido dejados en libertad o se encuentran prófugos, y cuatro presuntos involucrados no han sido sentenciados.

En relación con casos de recientes periodistas asesinados, se encuentra el del periodista José Ramírez Puente, ocurrido el 28 de abril de 2000, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su cuerpo fue localizado en el interior de su automóvil con 40 lesiones de arma blanca. Según información proporcionada por medios escritos, durante las primeras horas, el cuerpo fue ocultado por la policía judicial del estado por circunstancias extrañas. Sobre este caso las autoridades estatales han informado del avance en las investigaciones (entre 80 y 90 por ciento), pero no han dado mayores datos al respecto.

En lo que toca a amenazas y hostigamiento a periodistas destacan los casos de Miguel Badillo, columnista de El Universal y Freddy Secundino, reportero de la revista Época, entre otros. Los hechos en contra de los familiares de Miguel Badillo, ocurrieron los días 13 y 14 de junio de 2000, éstos se percataron de que su domicilio estaba siendo vigilado por una persona que se encontraba en un vehículo particular y que resultó ser propiedad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). De los hechos presentaron queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se abrió el expediente 2000/2626, de la que se desprendió la Recomendación 13/2000, dirigida al entonces director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), en la que se recomendó el inicio de una investigación administrativa en contra del servidor público que tuvo a su cargo, los días 13 y 14, el automóvil en el que -según queja presentada- se vigiló y persiguió a la familia del periodista. Después de la recomendación, Badillo y su esposa fueron citados ante el órgano interno del CISEN, donde rindieron su declaración sin que hasta la fecha se conozca la sanción del responsable.

El 15 de junio de 2000, Freddy Secundino fue secuestrado y golpeado por personas que dijeron ser judiciales; días después fue objeto de amenazas. De los hechos se inició la Averiguación Previa número 10/23124/00-06 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la queja correspondiente en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el expediente CDHDF/122/00/BJ/D3105.000. En este caso intervinieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York. Como resultado del interés de esas organizaciones, se otorgó protección a Freddy durante cuatro meses, pero hasta la fecha las investigaciones no arrojan ningún resultado.

Un caso particular fue el de la detención arbitraria de los periodistas Jesús Antonio Pinedo Cornejo, director de la revista Semanario, y de Luis Villagrana, ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día 19 de septiembre de 2000. A ambos se les acusó del delito de difamación en contra del ex director de la Policía Municipal de esa localidad, Javier Benavides. El motivo de la denuncia hacía referencia a un reportaje publicado por Pinedo, donde señalaba los vínculos de Benavides con el narcotráfico.

En tal caso, gracias a la presión del gremio periodístico y la intervención de organismos internacionales de protección a periodistas, Jesús Antonio Pinedo fue puesto en libertad no sin antes pagar una fianza de 15 mil pesos. Días después, tras la intervención de organismos internacionales de protección a periodistas como el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, Javier Benavides se desistió de la demanda, pero el daño ya estaba hecho.

Ante estos hechos llama la atención que no se vean resultados y prime un factor: el riesgo de la impunidad.

Por otra parte, resulta importante señalar que en ninguno de estos casos las libertades de expresión o de información forman parte de los delitos o derechos violados a los periodistas, por lo que en las averiguaciones o quejas no se consignan como tales. Es decir: el posible vínculo entre el acto y el ejercicio de las libertades informativas se descarta de antemano por la autoridad.

Esta situación nos lleva a advertir que, mientras en las investigaciones por agresiones o actos contra periodistas no se considere el referido vínculo latente, la libertad de expresión e información podrán ser resguardadas o garantizadas, con lo cual se da paso a la impunidad.
Los casos aquí descritos, entre muchos otros, representan un desafío para las autoridades investigadoras, así como una tarea para la sociedad y el mismo gremio de los periodistas, quienes deben exigir que ninguna agresión quede impune.

Por todo lo anterior consideramos prioritario hacer un llamado a las autoridades judiciales para que se investiguen de manera pronta y expedita las agresiones a periodistas registradas durante el 2000.

Asimismo convocamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que difunda y fortalezca el Programa de Protección a Periodistas y en su momento elabore un informe sobre el estado que guardan las libertades informativas en el país. Finalmente invitamos a los periodistas para que presenten de manera oportuna sus denuncias legales sobre las agresiones de que son objeto en su quehacer profesional, y a buscar el apoyo de organismos de defensa y promoción de las libertades de expresión e información, entre los que se encuentra la Red Mexicana de Protección a Periodistas, a fin de dar seguimiento a sus quejas y exigir el pleno esclarecimiento de las agresiones y actos inhibitorios.

La denuncia es un arma en contra de la impunidad; el silencio, constituye su mejor aliado.