Resultados de un seguimiento y análisis hemerográfico y documental

RECUENTO DE DAÑOS A LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DURANTE 1999

Verónica Trinidad Martínez / Angélica Pineda / Omar Raúl Martínez

Verónica Trinidad Martínez es coordinadora técnica de la Unidad de Seguimiento y Análisis de la Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buedía (FMB).
Angélica Pineda es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social.
Omar Raúl Martínez es director de la FMB y director de la Revista Mexicana de Comunicación.

Aunque resulta inobjetable que en los últimos cinco años se ha advertido un ensanchamiento del ejercicio crítico de las libertades de expresión e información en México, lo cierto es que -paradójica o consecuentemente- los golpes, las restricciones y hasta las presiones e intimidaciones abiertas o embozadas continúan acechando de manera recurrente al gremio periodístico.

Tal aseveración se desprende del hecho de que si bien en 1999 se registraron 135 casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación (lo que representa una disminución del 28% con respecto de los 187 casos documentados en 1997, y del 33 % respecto de los 202 casos registrados en 1998), ello no implica necesariamente un mejoramiento en el respeto a las libertades periodísticas. Lo anterior porque los 135 casos de 1999 (o sea, más de dos incidentes por semana) superan el promedio de registros obtenidos en 1995 y 1996, de 120 casos por año en promedio. 1

Con base en las cifras anteriores, se tiene que en los cinco años que van del sexenio zedillista suman 764 agresiones y actos inhibitorios de las libertades de expresión e información contra medios y periodistas. Este dato global resulta preocupante si consideramos que a lo largo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (que hasta ahora se había perfilado como el periodo con el mayor número de actos contra medios e informadores) se registraron poco más de 500 casos. 2
Ello significa un aumento del 34% durante el mandato de Ernesto Zedillo en comparación con el de su antecesor, y eso sin considerar el año que le resta al actual sexenio.

Pero vale resaltar que afortunadamente no se observa el mismo repunte en lo relativo a asesinatos de periodistas, pues durante 1999 3 sólo se consignó un caso, con lo que suman 22 los informadores que en los cinco años de la administración zedillista han sido asesinados, mientras que durante el mismo lapso presidencial salinista fueron 41 los periodistas ultimados. 4

Aun así se prevee que, si continúan las mismas tendencias, la elevación porcentual de actos contra las libertades informativas en el periodo 1994-2000 alcance el 50% en relación con el de 1988-1994.

Y las expectativas para el año 2000 en lo relativo a la materia del presente informe no son halagüeñas, pues en año electoral las presiones y hostigamientos contra medios y periodistas suelen incrementarse notablemente, como lo demuestran anteriores estudios hemerográficos sobre agresiones contra el trabajo informativo y de comentario.5

En tal contexto, las organizaciones que conformamos la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación6 manifestamos nuestra preocupación ante la eventualidad de que los actos inhibitorios de las libertades de expresión e información puedan repuntar en este año en que se escenifica uno de los comicios más competidos e inciertos de la historia de nuestro país.

Visión global

De la suma total de incidentes documentados (135) y de acuerdo con nuestros criterios metodológicos 7, el 70% (o sea 94) fueron agresiones públicas o embozadas tanto a periodistas (60%) como a medios de comunicación (10%). El porcentaje restante (30%) lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores o analistas (23%) y a medios (7%).

Ello demuestra la tendencia observada durante 1998, en el sentido de que los grupos de poder y de presión están llevando a cabo actos que, si bien no pueden considerarse en estricto sentido atentados a las libertades informativas, significan hechos cuya recurrencia resulta preocupante pues representan una confirmación de que el derecho a la información en México es una conquista aún lejana de alcanzar, y que para remediarlo se requiere una seria voluntad y compromiso político de quien encabece la nueva administración sexenal para asumir el reto de emprender la urgente reforma y modernización de la legislación en materia de medios de comunicación.

Del total de casos (135), el 27% fueron agresiones físicas, seguidas por amenazas o intimidaciones con el 13% y bloqueo informativo con el 9%. Con menores cuantías figuran detenciones (6%), insultos (5%) y cancelaciones, actos de censura y despidos (cada uno con 4%). Cabe mencionar que los hechos que pueden significar inhibiciones a la libertad de expresión, como las demandas o las citas a comparecer, sumaron un 15% de los casos, lo cual mueve a la reflexión habida cuenta que tales incidencias parecen perfilarse cada vez más como una vía ya sea para frenar o inhibir el libre ejercicio periodístico o para evidenciar o poner en tela de juicio la irresponsabilidad de algunos periodistas.

Quienes están diariamente en la búsqueda de la información son los mayormente agredidos, según nuestras fuentes hemerográficas, documentales y testimoniales, lo cual demuestra que el peligro es inherente al oficio reporteril, una máxima que no debiera existir en un Estado de derecho. Así, los reporteros fueron los más agredidos con el 31% del total de casos, le siguen los fotógrafos con el 11% y los corresponsales, columnistas y directores, con el 7% cada uno.

A ello hay que agregar que el 34% de los actos fueron motivados por ejercer la labor periodística al momento de cubrir la información; el 30% por el contenido de la información publicada; en tanto que 13% de los hechos obedecieron a denuncias contra medios y periodistas, 10% a motivos desconocidos y 6% a posibles contenidos.

Los periodistas mayormente agredidos fueron los que cubren la fuentes política (36%), policiaca (19%) y educativa (16%). Resulta muy revelador que los reporteros de las áreas política y policiaca sean los más afectados en su desempeño profesional, pues cada vez más la información de ambas fuentes se entremezcla en un escenario sociopolítico que a menudo se torna controversial y por momentos efervescente. Asimismo no resulta nada extraño que los informadores de la fuente educativa hayan sido afectados en un tercer lugar con un 16% de incidencias: lo explica el conflicto que paralizó actividades durante 10 meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, y a lo largo del cual jóvenes universitarios del Consejo General de Huelga se erigieron -como nunca antes en la historia de los movimientos sociales de nuestro país- en reiterados agresores del quehacer reporteril.

Lo anterior explica también que en los meses de mayo y junio se haya producido el mayor número de agresiones y actos inhibitorios (13% cada uno), pues el paro estudiantil inició en abril (mes en el que se presentó el 9% de los casos) y los siguientes dos meses fueron de enorme tensión al interior de la máxima casa de estudios, circunstancia que se reflejó en la cobertura informativa dedicada al tema. También en septiembre se produjo otro 13% de casos y al respecto cabe referir que en ese mes estaba en pleno la campaña hacia las elecciones primarias de los precandidatos para abanderar al Partido Revolucionario Institucional rumbo a la Presidencia de la República. Las elecciones primarias del tricolor y el arranque de las campañas electorales de los demás partidos, se efectuaron en noviembre, mes en el que se registró el 10% de las agresiones contra periodistas y medios.

Los periodistas de medios impresos siguieron siendo los más afectados al concentrar 59% de las incidencias, seguidos por los que trabajan en más de un medio (medios diversos, 12%); después se ubicaron los de televisión (11%), los de radio (9%) y los de agencias informativas (4%). Asimismo, 83% de los ataques y actos inhibitorios se dirigieron contra periodistas y un 17% contra medios de comunicación.

Respecto de quiénes son los presuntos responsables de las agresiones y de los hechos que pueden significar presiones a las libertades de expresión e información, se mantiene la tendencia de los análisis efectuados por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación y por sus organizaciones miembros: las fuerzas del orden fueron señaladas o se presumió su participación en el 20% de los casos, mientras que los funcionarios de gobierno y las instituciones de gobierno fueron presuntos responsables en el 21% de los registros. El 6% de los casos fueron cometidos por agresores desconocidos.

Conviene resaltar que en 1999, los narcotraficantes comienzan a perfilarse como atacantes continuos (4%). De igual forma, repuntaron como agresores los miembros o representantes de instituciones educativas, con el 16% de los actos, que se explica, como ya se señaló, al prolongado e irresuelto conflicto en la UNAM. También destaca el incremento de casos en los que aparecen como responsables de la agresión los directivos de medios de comunicación (13%), así como de los partidos políticos (4%) y de otro tipo de grupos políticos (3%).

En lo relativo al lugar donde ocurrió el mayor número de agresiones y actos inhibitorios contra medios y periodistas, el Distrito Federal se ubicó en el primer lugar con el 39% del total, seguido por Chiapas con el 11%, Sonora con el 7%, Veracruz con el 5%, y Coahuila con el 4%. 8

Mirada particular a periodistas

Del total de casos documentados durante el año pasado, 112 correspondieron a periodistas y 23 a medios de comunicación. Como se señaló anteriormente, dentro de ese subtotal mayoritario, el 72% fueron agresiones públicas o embozadas, y el 28% restante fueron hechos que pueden significar inhibición o presiones.

Dentro de las agresiones públicas o embozadas, destacan las agresiones físicas (32%), las amenazas e intimidaciones (16%) y el bloqueo informativo (10%). A continuación se ubican los insultos y la censura, con 4% de incidencia cada uno, y el acoso u hostigamiento con 3%. Por fortuna, las agresiones máximas contra los periodistas, como serían el secuestro, el intento de secuestro, los atentados y el asesinato, sólo registraron un 1% cada uno.

En lo que se refiere a hechos que pueden implicar presiones contra los periodistas, la lista la encabezan las demandas y las citas a comparecer, con el 8% cada cual, seguidos por las detenciones (6%) y los despidos (4%), en tanto que la renuncia inducida sólo alcanzó el 1%.

Del total de agresiones públicas o embozadas contra periodistas, el 39% obedeció al ejercicio de su labor reporteril, en un 13% la razón fue por los contenidos que abordaba el comunicador, y en el 11% por denuncias. Un 5% tuvo motivos desconocidos.

Por cuanto a los hechos que pueden significar inhibición o presiones contra periodistas, cabe señalar que los móviles principales fueron los siguientes: por contenidos (14%), por denuncias y por posibles contenidos (cada uno con 4%), y por ejercer la labor periodística (2%).

Los posibles responsables de los actos contra las libertades informativas de los periodistas fueron las fuerzas del orden en el 16% de los casos, mientras que los miembros o instituciones educativas lo fueron en el 14% del total, seguidos por funcionarios de gobierno con el 10%, supuestos narcotraficantes o desconocidos con el 5%. En tanto, partidos políticos, directivos de medios y grupos sociales se ubicaron en el siguiente lugar con un 4% cada uno.

Los periodistas mayormente agraviados por su contacto diario con la información fueron los reporteros con el 38% de los registros y los fotógrafos con el 13%. Los directivos de los medios y los corresponsales también fueron afectados en el 9% del subtotal (112) y los columnistas en el 8%. Estos comunicadores cubrían la fuente política en la mayor parte del universo estudiado (42%) y la fuente policiaca (23%), categorías que juntas aglutinan al 65% de los hechos. Asimismo, el 18% se desempeñaba en la fuente educativa y un 10% en el área de información general.

Pese a la incursión de una gran cantidad de mujeres en las escuelas de comunicación y de periodismo, la realidad es que la de periodista sigue siendo una profesión dominada por el género masculino. Tal aserto se hace patente en el hecho de que en el 79% de los casos estaban involucrados hombres, el 13% de los casos eran perjuicios colectivos cometidos contra hombres y mujeres periodistas, y sólo el 8% involucraba a mujeres (es decir, nueve casos, de los cuales cinco fueron agresiones públicas o embozadas contra mujeres periodistas y las cuatro restantes fueron hechos que pueden significar inhibiciones).

Mirada a medios

Del total de casos referidos (135), 23 se dirigieron contra medios de comunicación masiva (es decir, 17% del total global). Entre los incidentes de mayor recurrencia, se ubicaron en primer término la cancelación de medios o espacios en medios con el 26% de los casos, seguido por la toma de los medios con el 13%, y las demandas, los insultos, las confiscaciones y las demandas, cada uno con 9%.

Los motivos por los cuales ocurrieron dichas agresiones o actos inhibitorios contra las libertades de expresión e información de los medios, fueron por contenidos (48%), por motivos desconocidos (26%), y por difusion propia (13%), entre otros de menor porcentaje.

Los miembros o instituciones educativas destacaron como responsables del 22% de las agresiones publicas o embozadas contra medios; mientras que las instituciones de gobierno, las fuerzas del orden, los directivos de medios y los agresores desconocidos se ubicaron con el 9% cada cual. En lo que toca a los hechos que pueden significar inhibiciones a las libertades de expresión de los medios masivos, los directivos de los propios medios se destacaron con el 22% de los registros, en tanto que los funcionarios de gobierno fueron responsables del 17% de estos hechos, y los partidos politicos del 4%.

Conclusiones

El presente análisis documental y hemerográfico representa la cristalización de un enorme esfuerzo por elaborar un diagnóstico lo más fiel y riguroso posible en torno al estado de las libertades de expresión e información y del derecho a la información en México, efectuado con la colaboración destacada de las organizaciones integrantes de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación.

En ese sentido, este Recuento de daños significa un avance más en el necesario escrutinio al respeto, ejercicio y desarrollo de las libertades informativas en México. Pero aún restan serios obstáculos por superar, y uno fundamental es que los propios periodistas y medios de comunicación nacionales refuercen una mayor disposición para denunciar y hacer públicas las agresiones o actos inhibitorios de que son objeto con el afán de asumir su autodefensa y combatir la impunidad.

Dicho lo anterior, vale destacar las siguientes conclusiones:

a) Como se mencionó al principio de este informe, en 1999 se advirtió una disminución de los casos de agresiones y actos que pueden significar inhibición o presiones contra periodistas y medios de comunicacion, al pasar de 202 en 1998 a 135 en 1999. Es decir: hubo un decremento del 33% respecto del año precedente.

b) Se observa que se mantiene la tendencia señalada durante 1998 en el sentido de que se incrementan los hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios, y decrecen las agresiones públicas o embozadas. Por supuesto que ello implica una cierta mejoría en las condiciones en que se desarrolla el periodismo en México, pero a la par ratifica la necesidad de legislar en materia de derecho a la información con el objeto de disminuir los cauces inhibitorios o de presión por la vía judicial, ya que las leyes sobre la materia que rigen en la actualidad suelen interpretarse y aplicarse de manera discrecional y en función de coyunturas políticas especificas.

c) De igual manera, en 1999 sólo se registró el asesinato de un periodista al parecer por haber difundido información sobre actividades del narcotráfico. Tal hecho, junto con algunos otros consignados en el presente estudio y en los anteriores realizados por la Red, dibuja ya a los narcotraficantes como protagonistas cada vez más activos en la tarea de atentar contra las libertades informativas.

d) Como se destacó en el informe, quienes van en busca de la información noticiosa resultan los mayormente afectados; es decir, los reporteros, corresponsales y fotorreporteros.

e) La tendencia de 1999 en lo relativo a los presuntos responsables de las agresiones y actos inhibitorios contra periodistas y medios, también se mantiene y la encabezan las fuerzas del orden y los representantes del gobierno, pero ahora también se destacaron dos nuevos actores: los partidos de oposición y los grupos estudiantiles de presión.

f) Las fuentes política, policiaca y de información general siguen siendo las más riesgosas de cubrir para los periodistas, por los intereses que afectan.

g) Paradójicamente, una vez más, el mes de junio, cuando se conmemora el Día de la Libertad de Prensa en México, fue uno de los tres meses -junto con mayo y septiembre- en que se registró el mayor número de casos de agresiones y actos inhibitorios de la libertad de expresión y del derecho a la información.

NOTAS

1) Véase Martínez, Omar Raúl y Martínez, Verónica Trinidad, Recuento de daños. Un acercamiento a estado de las libertades de expresión e información en México durante 1997, editado por el Centro Nacional de Comunicación Social y la Fundación Manuel Buendía; así como Martínez, Verónica Trinidad; Pineda, Angélica; y Martínez, Omar Raúl. Recuento de daños 1998. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México, editado por el Centro Nacional de Comunicación Social, la Fundación Manuel Buendía, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Respecto del periodo 1994-1996, revísese Martínez, Omar Raúl y Martínez, Verónica Trinidad, "Agravios a periodistas mexicanos durante el primer bienio zedillista", en Revista Mexicana de Comunicación, Núm. 49, Junio-Julio de 1997

2)Al respecto, consúltese el informe La represión a la prensa en México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), elaborado por el Centro Nacional de Comunicación Social en edición facsimilar, así como Martínez, Omar Raúl, Barrera Juan Antonio, Narvaez Fabiola y Martinez Verónica Trinidad, "Un periodo sombrío para el periodismo mexicano", en Revista Mexicana de Comunicación Num. 40 Mayo-junio de 1995 pp 6-10.

3) De acuerdo con la metodología seguida para la elaboración de este informe, y los criterios de selección de casos de la Red Mexicana de Protección a Periodistas, sólo se consigna el asesinato de Mario Morales Palacios, editor del periódico El Bravo de Matamoros, pues las primeras investigaciones apuntaron a que fue muerte por escribir en torno al narcotráfico. Si bien se tuvo conocimiento de otros periodistas asesinados en 1999, no se consideraron materia de este informe en virtud de que el ejercicio de la profesión no fue la causa directa de su muerte. Citamos a continuación la lista de esas personas: Baltasar Núñez Reza, asistente de reporteros de TV Azteca; y Pedro Morales González, reportero de la revista Tiempo.

4) Vale hacer notar que, de acuerdo con los recuentos de la FMB, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se consignaron 46 periodistas asesinados, cinco de los cuales ocurrieron en su último año de gobierno.

5)De acuerdo con el informe La represión a la prensa en México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en los dos últimos años del periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1993-1994) se registró el 47% de los 645 casos documentados durante dicho sexenio.

6)En lo que concierne a los propósitos y organizaciones integrantes de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, léase la información contenida en la segunda y tercera de forros del presente informe.

7)Sobre la metodología utilizada para la elaboración de este informe, consúltese el apartado "Criterios de selección de casos", que inicia en la página 19 del presente documento.

8)Conviene resaltar que, como ha ocurrido en anteriores recuentos, suele consignarse mayor información referida a la Ciudad de México habida cuenta que la mayor parte de las fuentes hemerográficas consultadas se editan en esta parte de la República. Por esa razón, el que se consigne un alto número de actos ocurridos en el Distrito Federal supone una perspectiva tamizada por el centralismo.

Vitrina Metodológica

Gráficas