Un vistazo a los casos de agresiones a periodistas y medios

Derecho a la información e impunidad

Balbina Flores / Miguel Acosta / Angélica Pineda

Balbina Flores es responsable del Programa de Protección a Periodistas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Miguel Acosta Valverde es responsable de la Coordinación de Derecho a la Información de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
Angélica Pineda es coordinadora del Área de Comunicación Civil del Centro Nacional de Comunicación Social.

Cada caso de agresión a las libertades de expresión e información de los periodistas y de los medios de comunicación es un universo en sí mismo, hasta ahora, difícil de ser documentado, seguido y defendido. Imaginemos la cantidad de casos que se producen a lo largo de la República Mexicana.

Un primer acercamiento al problema ha consistido en la sistematización de la información aparecida principalmente en medios impresos. Es un primer paso. Sin embargo, aceptemos que los periódicos no recogen todos los atentados cometidos, por lo que numerosos casos quedan en el anonimato y, por ende, en el olvido. Otros tantos no merecen la atención adecuada por parte de las autoridades para iniciar averiguaciones, y sobre los más se corre el velo negro de investigaciones que no encuentran culpables, o cuando los hay, no hay suficientes pruebas para juzgarlos y quedan en libertad.

La consecuencia lógica de esta situación es que se crean condiciones en las cuales la impunidad -esto es, el no castigo de las agresiones y de sus autores- se fomenta y nuevas agresiones son posibles.

Bajo tal premisa, creemos que es pertinente recuperar casos ya documentados de agresiones a periodistas para establecer si realmente han sido resueltos en su totalidad. Se presenta una serie de expedientes que han sido investigados por el Programa de Protección a Periodistas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y por el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Se describen sucintamente los casos y se evalúa la actitud de las autoridades judiciales y de las instancias defensoras de los derechos humanos, en particular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La conclusión es desalentadora: los expedientes analizados no han sido resueltos satisfactoriamente; de esta manera, la impunidad tiene un campo de cultivo en el cual puede desarrollarse.

Botones de muestra

El 15 de julio de 1997 fue asesinado en San Luis Río Colorado, Sonora, Benjamín Flores, periodista y director del diario La Prensa. Fue acribillado con ráfagas de metralleta al llegar a las instalaciones del periódico. El motivo del asesinato estuvo relacionado con la publicación de notas periodísticas sobre el narcotraficante Jaime González Gutiérrez y de los privilegios que éste gozaba en la prisión de San Luis Río Colorado.

Por los hechos se inició la Averiguación Previa 295/98, radicada actualmente en el Juzgado Tercero de lo Penal en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Luego de tres años del asesinato de Benjamín Flores, las investigaciones continúan sin resultados satisfactorios.

Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se inició de oficio el expediente de queja CND/121/97/SON/4529, que fue concluido el 4 de diciembre de 1997, toda vez que la Procuraduría Estatal de Justicia de Sonora investigaba el caso.

En el mes de marzo de 1999, una jueza federal en la ciudad de Hermosillo dictó resolución en la que absolvía a Jaime González Gutiérrez de la autoría intelectual del crimen de Benjamín Flores y se le dejó en libertad, no obstante haber sido acusado por otro homicidio (el de un policía municipal en San Luis Río Colorado) y por delitos contra la salud (posesión de un cargamento de mariguana).

A la fecha se encuentran procesados en el Juzgado Tercero las siguientes personas: Jorge Pacheco Reyes, Luis Enrique Rincón Muro, Miguel Ángel Zamora Lara y Vidal Zamora Lara, a quienes se les señala como autores del crimen. El 24 de febrero se logró la detención en Estados Unidos de los hermanos Ismael y Gabriel González Gutiérrez, acusados de traficar cocaína. Ambos fueron señalados, junto con su hermano Jaime, por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, de ser los autores intelectuales del asesinato de Benjamín Flores. Se espera que las autoridades mexicanas soliciten su extradición a México para que respondan por el crimen del periodista sonorense. Sin embargo, aún quedan sin ejecutarse tres órdenes de aprehensión en contra de Carlos Pacheco Garza, José Francisco Benavides Ávila y Arsenio Pérez Losada.

La falta de esclarecimiento del asesinato de Benjamín Flores, motivó nuevos agravios contra periodistas de la región. Ello quedó demostrado con las amenazas a los periodistas Sergio Haro y Jesús Barraza, quienes investigaron y denunciaron en sus respectivas publicaciones las irregularidades presentadas en el caso. Después de hacer públicas sus investigaciones sobre el caso, ambos fueron amenazados en varias ocasiones durante los meses de abril, julio y agosto de 1999.

El 15 de abril de 1999, Sergio Haro, director del semanario Siete días, de Tijuana, Baja California, fue amenazado de muerte por una persona desconocida que se comunicó telefónicamente a las oficinas del periódico. Días después la llamada volvió a repetirse. Por el delito de amenazas, Sergio Haro presentó denuncia ante el Agente del Ministerio Público, donde se inició la Averiguación Previa 368/27/99. Posteriormente, la Procuraduría General de Justicia del Estado proporcionó protección policiaca a Sergio Haro por un lapso de seis meses. Sin embargo, de las investigaciones por amenazas nunca hubo resultados.

También presentó queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos registrada con el expediente número 99/1530-40. La queja fue notificada al señor Haro como concluida por este organismo el 15 de octubre de 1999, por considerar que no existían elementos que permitieran evidenciar acto u omisión por parte de autoridad alguna o servidor público que vulnere los derechos humanos y por no ser competencia de la CNDH, toda vez que se trataba de un asunto entre particulares.

Días después, el 4 de mayo de 1999, Jesús Barraza, director del semanario Pulso, fue amenazado por de un presunto enviado del narcotraficante Albino Quintero Meraz. Esta persona señaló al periodista que debía abstenerse de escribir acerca de Quintero y que a cambio de su silencio recibiría 30 mil dólares; de lo contrario, su cadáver aparecería flotando en uno de los canales de riego de la región. Posteriormente, en el mes de junio, el policía encargado de la protección de Barraza fue golpeado y desarmado frente a las instalaciones del semanario por parte de agentes judiciales federales comisionados en San Luis Río Colordo, Sonora. Tal agresión sucedió debido a que tales agentes se molestaron porque Pulso publicó un reportaje en el cual los vinculaba con una banda delictiva dedicada al robo de automóviles en California.

Los hechos no terminaron aquí: el 18 de agosto siguiente se suscitó una nueva agresión contra el director y reporteros de Pulso. Elementos de la Policía Federal de Caminos golpearon y despojaron a los periodistas de sus materiales de trabajo, ahora al acudir a documentar que los agentes bebían y escandalizaban en la vía pública con sus uniformes y a plena luz del día.

Por los hechos señalados anteriormente, se iniciaron las Averiguaciones Previas 374/99 y la 170/SLR-1. De las investigaciones realizadas nunca se obtuvo resultado y la delegación de la PGR en San Luis Río Colorado se limitó a decir que los hechos sucedidos eran aislados, que esa instancia no tenía ninguna reponsabilidad y que los elementos que participaron en los hechos estaban siendo procesados.

Por su parte, la CNDH inició las quejas número 99/2490 y 99/3643-4 y que posteriormente fueron cerradas por haberse satisfecho las medidas cautelares. Como un reconocimiento a la labor desarrollada por Barraza, el Comité de Periodistas de Nueva York le dio un premio en 1999, pero la impunidad que siempre imperó en su caso hizo que Barraza decidiera retirarse temporalmente del quehacer periodístico.

El caso de Abel Bueno

Otros casos de periodistas no han sido resueltos a la fecha. Uno de ellos es el del director del semanario Siete días, Abel Bueno León, asesinado el 20 de mayo de 1997. Antes de su muerte, Abel Bueno se encontraba en una lista de reporteros que habían sido demandados por el entonces ex secretario de Gobierno en Guerrero, José Robles Catalán.

En lo relativo a este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 125/97, en la que pide se consigne al juez competente y se dé cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se dictaron en su momento, así como instruir a quienes corresponda con la finalidad de que se inicie procedimiento administrativo en contra de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero por las omisiones cometidas en la integración de la Averiguación Previa.

Por su parte, el gobierno del estado a través de las autoridades judiciales correspondientes, aprehendieron y consignaron a Santiago Izunza -su hermano Fernando, de los mismos apellidos, nunca fue detenido-, Sixto Anza González, Fortunato Fierro García, Maximino Carbajal Barrientos y Eleocadio Navarrete Cantú, todos ellos miembros de la banda conocida como Los Rojos, como autores materiales del crimen.

Sin embargo, a la fecha la mayoría de ellos ha quedado en libertad porque no se aportaron los elementos necesarios que probaran los delitos de los que se les acusaba.
La viuda del periodista, Romana Mendoza Téllez, y los periodistas del estado de Guerrero, continúan demandando el esclarecimiento del asesinato y el castigo, sobre todo de los responsables intelectuales.

Actos inhibitorios

El hostigamiento a periodistas por la vía jurídica en 1999 continúa; el caso siguiente así lo deja ver.

El 17 de marzo de 1999, por tercera ocasión Carlos Menéndez Navarrete, director del Diario de Yucatán fue citado a comparecer ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales para responder a una demanda de carácter electoral, registrada en la Averiguación Previa número 03/24/98. Fue presentada por el señor José E. Novelo, candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Mérida, por considerar que la información publicada con fecha 24 de mayo de 1998 en el Diario de Yucatán, dañaba al partido y a su candidatura al considerar que inducía a votar el día de la jornada electoral por otros partidos (PRI, PAN y PRD).

Al respecto, el 12 de septiembre de 1998, el Consejo Electoral del Estado de Yucatán resolvió que no había elementos que permitieran considerar una violación al Código Electoral vigente en el estado.

La primera ocasión en que fue citado, el señor Menénedez aludió motivos de salud para no presentarse a dicha audiencia, situación que hizo del conocimiento al juzgado correspondiente; no obstante, el Ministerio Público decretó una sanción administrativa consistente en 30 salarios mínimos. Luego se le advirtió que si se negaba a comparecer nuevamente se haría uso de la fuerza pública.

Ante tal situación, Menéndez interpuso un amparo al considerar que las autoridades violaban sus garantías, mismo que se resolvió como improcedente el 19 de marzo de 1999.

Por los hechos señalados, el señor Menéndez presentó queja ante la CNDH, y se inició el expediente número 99/1110-4. Este órgano emitió la recomendación 51/99, dirigida al gobernador del estado, Víctor Cervera Pacheco, en la que concluye que hubo violaciones a los derechos humanos del señor Menéndez y recomienda:

1.) Reasignar la Averiguación Previa 03/24/98 a efecto de continuar a la brevedad posible su prosecución y perfeccionamiento hasta su total determinación.

2.) Iniciar procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad del Agente del Ministerio Público sobre delitos electorales por la dilación injustificada en que incurrió en dicha averiguación.

Actualmente, el caso continúa abierto en la Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría Estatal de Justicia de Yucatán y en lo que se refiere a la recomendación 51/99, emitida por la CNDH, y dirigida al gobernador del estado, Víctor Cervera Pacheco, hasta la fecha no ha sido cumplida.

Un hecho que llama la atención es que el caso sigue sin avanzar no obstante que en el mes de julio de 1999, el Partido del Trabajo dirigió un documento a la Subprocuraduría de Delitos Electorales, firmado por su presidente nacional, y por el propio José Novelo Pacheco, en el que se desistió de la demanda en contra del señor Menéndez.

Mucho por hacer

Los casos a los que hacemos referencia han sido del conocimiento de organismos nacionales e internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York y la Sociedad de Periodistas Profesionales de Miami, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, los que en su momento se manifestaron en torno al esclarecimiento de estos casos y la sanción a los responsables.

A pesar del seguimiento y de los llamados que organismos civiles de derechos humanos de protección a periodistas internacionales han hecho sobre estos casos, el resultado ha sido negativo.

Las procuradurías de justicia de los estados de donde provienen los casos mencionados se han limitado a conocerlos sin abundar en sus investigaciones y la CNDH, en la mejor de las situaciones, se ha limitado a comunicar a los quejosos que en sus casos "no existen violaciones a los derechos humanos", o bien, orientarlos para que se dirijan a la autoridad local. Inclusive, cuando ha llegado a emitir recomendaciones, las mismas no se han cumplido.

Es este panorama el que actualmente guarda el Derecho a la Información y, por ende, los derechos humanos de los informadores. Lamentablemente los resultados obtenidos no dan indicios de que la justicia pueda ser una realidad en un futuro inmediato, y sí indica que queda mucho por hacer en este ámbito.