Resultados de un seguimiento y análisis hemerográfico y documental

Verónica Trinidad Martínez  / Angélica Pineda / Omar Raúl Martínez

Verónica Trinidad Martínez es coordinadora técnica de la Unidad de Seguimiento y Análisis de la Libertad de Expresión de la Fundación Manuel Buendía (FMB). 
Angélica Pineda es coordinadora del Área de Comunicación Civil del Centro Nacional de Comunicación Social. 
Omar Raúl Martínez es director de la Revista Mexicana de Comunicación, que edita la FMB. 
Los autores agradecen infinitamente a Nubia Citlalli Salas y Manuela Olivos, colaboradoras de la FMB, por su valioso apoyo en el análisis y procesamiento de datos. 

El ejercicio de las libertades informativas en México continúan viéndose vulneradas de manera constante y ascendente: si en el primer bienio del presente sexenio se consignaron 240 incidentes contra periodistas y medios de comunicación, y durante 1997 pudieron registrarse 187 (lo cual supuso un aumento del 55%), a lo largo de 1998 la cifra creció un 8% respecto del año precedente para sumar 202 casos.¹  Desde tal perspectiva puede señalarse que ocurrieron casi cuatro incidentes cada semana. 

El panorama del oficio periodístico en nuestro país, por ende, si bien ha ensanchado sus linderos críticos en prensa y radio fundamentalmente, ello ha sido posible a costa de crecientes agresiones y hechos que pueden significar inhibición o presiones tanto a periodistas como a medios. 

Todo lo anterior se desprende de un análisis y seguimiento hemerográfico y documental sobre el estado de las libertades de expresión e información en México durante 1998, realizado por la Fundación Manuel Buendía (FMB) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) con el valioso apoyo de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), como parte de los trabajos emprendidos por la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, de la cual también son organismos miembros  –y contribuyeron de manera significativa al desarrollo del presente estudio– la Fraternidad de Reporteros de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.² 
 
Vision global 

De la suma total de incidentes consignados (202) y de acuerdo con nuestros criterios metodológicos³, el 61% (o sea 122) fueron agresiones públicas o embozadas tanto a periodistas (52%) como a medios de comunicación (9%).  El porcentaje restante (39%) lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones a informadores o analistas (34%) y medios (5%). Tales tendencias sugieren un paulatino crecimiento de actos que, si bien no pueden considerarse en estricto sentido atentados a las libertades informativas, significan hechos cuya recurrencia resulta preocupante. 

Del número global de actos (202) registrados durante 1998, el 23% correspondió a agresiones físicas y en segundo orden se ubicaron hechos que pueden significar inhibición o presiones al ejercicio del periodismo, tales como demandas (13%), detenciones (8%) y citas a comparecer (6%), entre otros. Vale hacer notar que el porcentaje de agresiones físicas se vio reducido en un 17% respecto del año precedente, y a cambio creció la cifra de los referidos incidentes que pudieran tener implicaciones de carácter profesional. De igual forma, a diferencia de 1997 en que las amenazas e  intimidaciones sumaron 22%, durante 1998 el número se redujo a 9% en ese rubro, aunque no varió sustancialmente respecto de incidentes como atentados (8%), bloqueos informativos (5%), acosos u hostigamientos (3%) y asesinatos (3%). 

Durante el lapso analizado se consignaron seis homicidios cuyos primeros indicios sugieren móviles vinculados al quehacer informativo y son los de Luis Mario García Rodríguez (Distrito Federal), Claudio Cortés García (Distrito Federal), Pedro Valle Hernández (Guerrero), Justino Domínguez (Estado de México), Armando Meléndez Sánchez (Tamaulipas) y Phillip True, corresponsal norteamericano del diario San Antonio Express News, asesinato ocurrido en los límites de Nayarit y Jalisco.⁴ 

Los motivos para cometer actos contra periodistas y medios lamentablemente no reflejan variaciones drásticas, pues el oficio reporteril continúa siendo el más acosado al momento de cubrir sus informaciones o luego de publicarlas. Así, de acuerdo con las fuentes hemerográficas y documentales consultadas, el 35% de los actos ocurrieron por ejercer la labor periodística, 23% por contenidos, 14% por motivos desconocidos o no detectados, 7% debido a denuncias, 6% por posibles contenidos, 5% por críticas, y otros de menor cuantía.  En el mismo terreno, los reporteros fueron las víctimas en el 36% de los casos, y le siguieron los cargos de fotorreporteros (12%), corresponsales (12%), directores (7%), conductores o locutores (5%), articulistas o columnistas (4%), entre otros.  

Los periodistas que resultaron mayormente afectados se desempeñan en la fuentes política (36%), policiaca (26%) e información general (12%) y el 70% correspondieron al sexo masculino. 

Del universo total de casos, el 60% se concentró en los medios impresos, en tanto que un 13% en la televisión y un 12% en la radio, y porcentajes menores en medios diversos.  Asimismo,  88% se encauzó hacia  individuos y el resto hacia medios de comunicación en su conjunto. 

En lo relativo a los presuntos responsables de las agresiones y hechos que pueden significar inhibición o presiones a las libertades de expresión e información, las tendencias se mantienen: las fuerzas del orden junto con dependencias policiacas sumaron 31% de incidencias, las instituciones o funcionarios de gobierno acumularon 18%, personas desconocidas o no identificadas alcanzaron 12%, y particulares 11%, entre otros muchos. 
De acuerdo con el seguimiento hemerográfico y documental, el lugar donde ocurrió el mayor numero de actos contra el quehacer periodístico fue el Distrito Federal (35%) y le siguieron Tamaulipas (9%), Tabasco (7%), Chiapas (6%), Guerrero y Jalisco (cada uno con 4%), así como Sonora, Hidalgo y Oaxaca (cada uno con 3%), y varios más con menores puntos porcentuales.⁵ 

Mirada particular a periodistas 

Del compendio global de casos, 174 correspondieron a periodistas y el resto (28) a medios de comunicación. Dentro de este subtotal mayoritario (174), como antes se dijo, el 60% fueron agresiones públicas o embozadas, y el otro 40% lo constituyeron hechos que pueden significar inhibición o presiones.  Entre los primeros incidentes destacan las agresiones físicas con 26% de incidencias, amenazas e intimidaciones con 10%;  atentados y bloqueos informativos, cada uno con 5%; y hostigamientos y asesinatos, cada uno con 3%.  Por lo que atañe a hechos que pueden implicar presiones, la lista la encabezan las demandas con 11% de los casos, seguidas por detenciones (9%), citas a comparecer (7%), despidos (5%) y otros actos de menores cuantías (anuncios de bloqueo informativo, órdenes de aprehensión, robos, renuncias inducidas, suspensiones, etcétera). 

De ese mismo universo de agresiones  públicas o embozadas contra profesionales de la información y el comentario, 33% se debió por ejercer el oficio durante la cobertura de hechos, un 8% de incidentes ocurrió por motivos desconocidos o  no identificados, 5% por posibles contenidos, otro 5% por contenidos, y en menor grado se registraron por posibles denuncias (3%), denuncias (3%), entre otros.  

Los hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas acumularon un 35% del total global, y los cuatro móviles mas importantes fueron: por contenidos (17%), por ejercer su labor (6%),  por denuncias (6%) y por delitos electorales (4%).   

Ahora, en torno a los presuntos responsables de actos contra las libertades informativas de informadores y analistas, el estudio revela que 20% se atribuyó a fuerzas del orden y representantes de dependencias policiacas, 11% a desconocidos, 9% a particulares y 5% a representantes del gobierno, entre otros.  Y respecto de actos que pudiesen interpretarse como atentatorios a las libertades de expresión e información –aunque en rigor estricto no lo sean–, advertimos que 14% fueron cometidos por fuerzas del orden y funcionarios de entidades policiacas,  8% por representantes gubernamentales, 5% por los propios directivos de los medios, y otros.
 
En los linderos relativos a periodistas afectados, destaca el hecho de que el 42% del subtotal (174) hayan sido reporteros, 14% corresponsales y otro 14% fotorreporteros, y que los columnistas, articulistas o comentaristas en total no aglutinen más allá del 10%.  Todo ello evidencia a todas luces que las tensiones o atentados persisten entre quienes desempeñan quehaceres de carácter informativo, particularmente en las fuentes política (43%), policiaca (30%) e información general (14%), y que tales circunstancias tienden a disminuir entre quienes reflexionan, analizan o comentan los hechos.
 
Es importante resaltar que  del 60% de los casos referidos a informadores,  el 3% corresponda a incidentes contra corresponsales extranjeros asentados en México, situación que se tornó preocupante habida cuenta su quehacer resporteril en zonas de difícil cobertura como en Chiapas.  

Mirada a medios 

Del total referido (202), 28 casos –14% de la cifra global–  recayeron en  medios de comunicación como organismos agredidos o inhibidos. Entre los incidentes de mayor recurrencia estuvieron atentados (29%), demandas (21%), tomas de estación (14%), amenazas e intimidaciones, bloqueos informativos y cancelaciones (cada uno con 7%) y hechos de menores porcentajes.  Curiosamente, 29% de dichos actos fueron perpetrados por motivos desconocidos, 28% debido a contenidos,  14% por posibles contenidos, 11% por ejercer su labor informativa, entre otras razones como críticas (11%) y propaganda propia (7%).  

Finalmente resulta interesante asomarse a los presuntos responsables de actos contra medios informativos: el 18% de las agresiones emprendidas de manera pública embozada provino de particulares, 14% de desconocidos, así como de miembros u organismos deportivos, grupos sociales, funcionarios de gobierno y fuerzas del orden (cada uno con 7%), y otros.  Y por lo que respecta a hechos que pueden significar presión o inhibiciones también a medios, 11% de ellos fue realizado por instituciones de gobierno, 8% por fuerzas del orden y funcionarios de dependencias policiacas, así como directivos de medios, partidos políticos y particulares (cada uno con 4%), a parte de incidentes con  porcentajes más pequeños. 

Conclusiones 

La realización de este informe y estudio hemerográfico y documental, se inscribe como parte de un proyecto de largo aliento y suma de esfuerzos que se materializan en la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación.  Las informaciones aquí contenidas fueron todas ellas aportadas por sus miembros, lo cual nos permite asegurar que el presente Recuento de daños constituye el más fiel acercamiento al estado que guardan las libertades de expresión e información en México durante 1998. 

Así, pues, enumeramos a continuación las aristas de mayor relevancia halladas en el análisis de los 202 casos consignados en 1998: 

a) En contraste con 1997, durante el año de estudio aumentaron en un 15% –para sumar 39%–  los hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas y medios informativos, lo cual abre dos vías de interpretación: que cada vez más se recurre a la ley para confrontar la irresponsabilidad o ilegalidad de informadores y medios; o que aumentan las presiones –disfrazadas de medidas legales–  para inhibir el ejercicio crítico del periodismo.  

b) Un aspecto que se desprende del punto anterior y resulta imposible soslayar, es que en 1998 se redujo el porcentaje de agresiones públicas o embozadas contra quienes desarrollan la actividad periodística y sus propias entidades: si durante 1997 se registró un 76% del total de casos, el año pasado se detectó un 61%. 

c) Como en estudios precedentes, los periodistas mayormente afectados continúan siendo quienes van en busca de la nota cotidiana al lugar de los hechos y los personajes, es decir, reporteros, corresponsales y fotorreporteros:  en esta ocasión, el 60% de los actos se concentraron en ellos, con lo que aumentó 5% respecto del año precedente.
 
d) En cuanto a presuntos y más probables responsables, también se mantienen las tendencias: las fuerzas del orden y los representantes del gobierno aparecen como recurrentes en la insana tarea de limitar, coartar o inhibir el quehacer informativo. 
e) El estudio revela que las áreas o segmentos de cobertura periodística que generan mayor conflicto o escozor entre los actores involucrados, son las fuentes política, policiaca y de interés general. 

f) Para cerrar, paradójicamente, el periodo que conjuntó el mayor número de actos contra las libertades de expresión e informacion en México fue junio (se detectaron 28, que supone un 14% del total), mes en que se celebra el Día de la Libertad de Prensa.

NOTAS

1) Véase Martínez, Omar Raúl y Martínez Verónica Trinidad,  Recuento de daños. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México durante 1997.  Folleto editado por el Centro Nacional de Comunicación Social y la Fundación Manuel Buendía. Una versión del mismo estudio también puede consultarse en Revista Mexicana de Comunicación Núm. 54 Mayo-Junio de 1998. Respecto del periodo 1994-1996, revísese Martínez Omar, Raúl y Martínez, Verónica Trinidad, “Agravios a periodistas mexicanos durante el primer bienio zedillista”, en Revista Mexicana de Comunicación, Núm. 49, Junio-Julio de 1997. 
2) En lo que concierne a los propósitos de la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, así como de sus miembros, léase la información contenida en las páginas segunda y tercera de forros del presente informe. 
3) Véase los “Criterios de selección de casos”, que inician en la página 10 del presente folleto. 
4) Vale la pena precisar que durante 1998 también ocurrieron asesinatos de otras personas vinculadas a medios informativos, pero los móviles –en apariencia incontrovertibles–  han sido ajenos al quehacer periodístico, razón por la cual tales casos no se integraron a este análisis hemerográfico y documental. Citamos a continuación los nombres de esas personas asesinadas: Sue Huise Sally, reportera de El Sol de México (3/agosto/98); René Garza Cantú, empresario de La Prensa de Reynosa (18/agosto/98); Fernando Martínez Ochoa, reportero interno y vocero de Sedesol (22/ octubre/98); José Luis Lizárraga Ríos colaborador del semanario Exacto (20/ noviembre/98); y Carlos Calderón, director de publicidad del periódico La Voz de la Frontera (21/noviembre/98). 
5) Conviene destacar, como en anteriores oportunidades, que una de las razones por las cuales el Distrito Federal  encabeza la lista de los estados con mayor número de agresiones y actos inhibitorios al trabajo periodístico, es que las fuentes hemerográficas e institucionales consultadas proceden –la mayoría– de la Ciudad de México. Quizás ello los induce a caer en un filtro centralista y, por falta de suficiente intercomunicación entre el gremio periodístico y las entidades de derechos humanos, se soslaye o minimice lo que ocurre en el resto de la República Mexicana.

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