Resultados de un análisis hemerográfico correspondiente a 1997

Omar Raúl Martínez/Verónica Trinidad Martínez

Omar Raúl Martínez es director de la Revista Mexicana de Comunicación, que edita la Fundación Manuel Buendía, y Verónica Trinidad Martínez es colaboradora y analista de ambas entidades. Los autores agradecen el importante apoyo de Alejandro García, colaborador de CENCOS, en el procesamiento de datos. Asimismo, manifiestan su gratitud a Alma Delia Fuentes y Lise Olsen, miembros de Periodistas de Investigación, por su invaluable asesoría técnica para el diseño de la base de datos del presente estudio.

En lugar de apaciguarse, las circunstancias en que se ejercen las libertades de expresión e información en nuestro país tienden a complicarse aún más. De ello da constancia un análisis hemerográfico y documental sobre los incidentes contra periodistas y medios de comunicación, desarrollado por la Fundación Manuel Buendía (FMB) con el valioso apoyo del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).

Si durante los primeros dos años del presente sexenio se consignaron 240 casos¹, tan sólo en 1997 fue posible registrar 187, lo cual --en términos proporcionales-- supone un aumento del 55.85% en materia de agresiones y hechos que pueden significar inhibición o presiones tanto a periodistas como a medios. De esa suerte, puede calcularse que sucedió un acto cada dos días. Y a diferencia del número de periodistas asesinados durante el primer bienio en que se consignaron seis, a lo largo de 1997 se pudieron detectar nueve.²

En suma: los resultados del presente estudio revelan que un significativo número de tecleadores periodísticos en México es objeto de un constante acoso y ataques cuyas manifestaciones vulneran o inhiben la práctica de sus libertades de expresión e información.

Reclasificación

En contraste con análisis desarrollados en el pasado por la FMB, en esta ocasión se procuró establecer fronteras mejor definidas respecto de lo que significan agresiones a periodistas y medios de comunicación. Por ende, ahora se perfila un desglose temático que comprende los siguientes apartados: 1) Agresiones públicas o embozadas a periodistas. 2) Hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas. 3) Agresiones públicas o embozadas a medios de comunicación. Y 4) Hechos que pueden significar inhibición o presiones a medios (véase "Una propuesta de abordaje metodológico", que inicia en la página IV del presente informe).

Así pues, aparte de dar una visión general sobre los incidentes orientados a lesionar el ejercicio periodístico, el estudio intenta desmenuzar cada una de las particularidades de los apartados referidos.

Perspectiva global

Desde una panorámica general --es decir: que integra agresiones públicas o embozadas y hechos que pueden significar inhibición o presiones tanto a medios como a periodistas--, durante 1997 pudieron registrarse 187 incidentes cuya mayor recurrencia se concentró en agresiones físicas (40%) y amenazas e intimidaciones (22%). En orden decreciente se ubicaron demandas (9%), atentados (7%), bloqueos informativos (7%), detenciones, asesinatos y secuestros (cada uno de ellos con 5%), acosos y hostigamiento (2%), y otros casos de menor cuantía.

A diferencia del último análisis hemerográfico de la FMB, destacó un indicio de que el oficio reporteril se ve cada vez más en continuos predicamentos: entre los motivos más frecuentes por los que ocurren tales hechos, resaltaron el referido al intento o realización de la cobertura noticiosa (41%) y el relativo a contenidos (25%).³ Y le siguieron: por motivos desconocidos, 14%; por posibles contenidos, 7%; por denuncias, 6%; por críticas, por posibles denuncias y otros, cada uno con 2%.

El aserto de que el quehacer reporteril resulta el más afectado dentro de toda la gama de tareas periodísticas, se refuerza al advertir los cargos con mayor incidencia de actos en su contra: reportero, con 30%; fotorreportero, 11%; director, 9%; periodista, 8%; fotógrafo/reportero, 7%; corresponsal, 7%; articulista/columnista, 4%; conductor/locuor, 3%, entre otros con menores puntos porcentuales. En esos terrenos, los periodistas que resultaron más afectados fueron los que cubren o abordan las áreas o fuentes política (29%), policiaca (26%) e información general (11%). Y la mayoría (66%) fueron del sexo masculino, contra 12% del sexo femenino; y en el 16% de casos se contemplaron tanto hombres como mujeres.

Del compendio global de casos registrados, el 48% correspondió a periódicos; 14% a diversos medios; 12% a radio; 11% a televisión; 6% a revistas; 6% a semanarios, y otros.

Ahora, por lo que atañe a los presuntos autores de las agresiones o hechos que pueden significar presiones a periodistas y medios, se mantiene la misma tendencia de recuentos anteriores: en el 35% la responsabilidad recayó en las fuerzas del orden⁴; 16% de los casos fueron perpetrados por desconocidos; 16% se adjudicó a funcionarios de gobierno, y 7% a particulares, entre otros.

De acuerdo con el seguimiento periodístico, el 33% de incidentes ocurrió en el Distrito Federal⁵, concentrando así una tercera parte del total; luego se ubicaron: Guerrero (9%), Tamaulipas (9%), Chihuahua (6%), Chiapas (4%), Campeche (4%), Jalisco, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca (cada uno con 3%); el resto de los estados --con porcentajes que no rebasan el 2%-- sumaron 22%.

Al examinar el desarrollo cronológico de los hechos, se advirtió que de junio a septiembre se vivieron los momentos más críticos o difíciles para periodistas y medios. Curiosamente, esa etapa se significó por la presencia de una atmósfera política pletórica de sucesos relevantes para la vida pública de México (etapa preelectoral, elecciones, instalación del Congreso, Informe Presidencial...). Así, los casos se repartieron como sigue: enero, 9%; febrero, 5%; marzo, 6%; abril, 6%; mayo, 6%, junio, 13%; julio, 10%; agosto, 13%; septiembre, 18%; octubre, 7%; noviembre, 5%; y diciembre, 2%.

Mirada particular a periodistas

De los 187 incidentes registrados en términos globales, el 89%, o sea 166, fueron agresiones públicas o embozadas (67%) y hechos que pueden significar inhibición o presiones (22%) a periodistas, lo cual evidencia los caminos que acostumbran seguir quienes contravienen el respeto a las libertades de expresión e información en nuestro país.

Ese universo de 166 casos, como se dijo, se dividió en dos segmentos: uno referido propiamente a agresiones y otro relativo a hechos que pueden significar presiones indirectas. En consecuencia, el apartado de agresiones públicas o embozadas a periodistas concentró el 76% del total parcial indicado (166), que a su vez enfatizó que las agresiones físicas, con 37%, y las amenazas e intimidaciones, con 13%, constituyen los hechos más recurrentes entre los profesionales de la tecla informativa.⁶ Y le continúan bloqueos informativos (8%), asesinatos, atentados y secuestros (cada uno con 5%), actos de acoso u hostigamiento (2%) y espionaje (1%). Por su parte, el bloque de hechos que pueden significar inhibición o presiones a periodistas acumuló el restante 24% con 40 casos, y se distribuyeron de la manera siguiente: demandas, 9%; detenciones, 5%; despidos, 4%; citas a comparecer, 2%; órdenes de aprehensión, 2%; y autos de formal prisión, 1%.

Vale la pena resaltar que el 5% referido a asesinatos representa la suma de nueve casos: Reynaldo Bustillos (Chihuahua), Jesús Abel Bueno León (Guerrero), Demetrio Margarito Moreno (Colima), Benjamín Flores (Sonora), Víctor Hernández (Distrito Federal), Andrés Ortiz Pico (Veracruz), Rubén Calderón (Tamaulipas), Nicolás Zamarripa (Estado de México) y Rafael Pérez Ayala (Estado de México). De tales homicidios, sólo uno --el de Benjamín Flores, ocurrido en julio-- tuvo motivaciones abiertamente relacionadas con el oficio informativo; en tres casos los indicios hacen inferir presuntos responsables; y en el resto se desconocen las razones. En otras palabras: de los nueve asesinatos, en seis se ignoran los posibles agresores; en dos se presume quiénes fueron éstos; y en uno se afirma que los narcos fueron los responsables.⁷

Dentro del mismo total exclusivo de comunicadores (166), los motivos vinculados a las agresiones obviamente difieren muy poco respecto del universo global: por ejercer su labor, 41%; por razones desconocidas, 13%; por contenidos, 10%; por posibles contenidos, 4%; por posibles denuncias, 2%; por críticas, 1%. Y los motivos referidos a los hechos que pueden implicar presiones a los periodistas, mostró la siguiente tendencia: por contenidos, 15%; por denuncias, 3%; por ejercer su labor, 2%; por críticas, 2%; por posibles contenidos, 1%; otros, 1%.

El desglose de responsables --dentro del mismo total de 166 casos-- de las agresiones a periodistas (76%) reveló las inclinaciones acostumbradas: fuerzas del orden, 32%; desconocidos, 13%; funcionarios de gobierno, 10%; particulares, 7%; partidos políticos, 4%; narcotraficantes, 2%; instituciones de gobierno, 2%; otros, 2%; y directivos de medios, ex funcionarios de dependencias policiacas, ex funcionarios de gobierno, funcionarios de dependencias policiacas, grupos políticos y grupos sociales, cada uno de ellos con 1%.

Y en lo que concierne a los hechos que pueden significar inhibición o presiones (24% restante), los responsables que tienen mayor incidencia son también las fuerzas del orden, con 5%; funcionarios de gobierno, 4%; y los mismos directivos de los medios, 3%, entre otros.

Finalmente, y sólo para contrastar, de los 187 incidentes contemplados como universo global, 21 de ellos, o sea el 11%, correspondieron a agresiones y hechos que pudiesen significar presiones a medios de comunicación. En esa tesitura, agresiones físicas, con 24% (del grupo de los 21 casos); atentados, también con 24%; y amenazas e intimidaciones, con 14%, fueron los ataques más frecuentes.

Las cancelaciones, con 14%, y los bloqueos publicitarios, demandas y renuncias inducidas, cada uno con 5%, representaron los hechos aparentemente inhibitorios de mayor incidencia.

El análisis aquí expuesto constituye apenas un mínimo acercamiento a los daños causados a quienes ejercen las libertades de expresión e información en México: una realidad nada halagüeña que no debe magnificarse, pero menos aún minimizarse o soslayarse. Creemos que el mantenerse alertas frente a contratiempos de esa índole, permite un gradual pero significativo ensanchamiento de los cauces democráticos.

2) Vale hacer notar que otros organismos manejan la cifra de 14. Sin embargo, como se expondrá más adelante, tal dato no se sustenta pues los motivos públicamente conocidos respecto de esos asesinatos, resultan ajenos al trabajo periodístico.

3) En el lapso 1995-1996, el motivo "por ejercer su labor" sumó un 27% de incidencias, detrás del referido a "contenidos", con 28%.

4) En las fuerzas del orden se contemplan policias, judiciales, militares, patrulleros, entre muchos otros. Véase la variable responsables en el texto "Una propuesta de abordaje metodológico", que se incluye en estas páginas.

5) Recuérdese que los diarios y revistas consultados se editan en la Ciudad de México, razón por la cual tienden a conceder mayor interés a lo que ocurre en ese perímetro. Pese a ello es un dato digno de tomar en cuenta.

6) En algunos casos, como en el de Yuri González Pérez (véase página VIII), se consignó más de un incidente a la vez, por lo que al contabilizarlos dio un excedente de ocho agresiones físicas y 18 amenazas. Para realizar la clasificación y el análisis de los casos, sólo se tomó en cuenta el primer incidente registrado en el cuadro.

7) Resulta importante mencionar que la Fraternidad de Reporteros de México, añade a esa lista de asesinatos otros cinco casos que, de acuerdo con nuestros criterios y exigencia metodológica, en el presente informe no se contemplan ya que sus motivaciones resultan evidentemente ajenas al ejercicio de las libertades de expresión e información. Así, conforme a las propias fuentes hemerográficas, María Teresa de la Llave (Puebla) fue ultimada por una deuda personal; Fernando Lemus (Distrito Federal) fue muerto en un pleito tras un festejo; Simón Yamín Sesín (Estado de México) era, en realidad, un empresario que resultó asesinado por una discusión con otro empresario; Leoncio Pintor García (Guerrero), según algunas fuentes, no era corresponsal sino voceador, función que desempeñaba esporádicamente; e Hilario Núñez (Guerrero) fue identificado como hijo de un editor, no como periodista. Respecto de esos cinco asesinatos, se carece de mayor información.