Más allá de contenerse, la escalada contra el quehacer de los periodistas mexicanos va en ascenso. Por lo menos, eso es lo que revela un estudio hemerográfico que realizó la Fundación Manuel Buendía (FMB) sobre actos contra informadores durante el primer bienio del sexenio actual.

Si bien es cierto que se redujo sustancialmente la cifra de asesinatos (6) en relación al mismo periodo del sexenio anterior¹ (19), no puede soslayarse que proporcionalmente aumentó el número de casos en un 37%. En otras palabras: mientras que en un lapso de dos años del gobierno de Carlos Salinas se registraron en promedio 173 actos contra el gremio periodístico, en los dos primeros de la presente administración se consignaron 240.² De esa forma, puede calcularse que ocurrió una agresión cada tres días. Pareciera, en suma, que se evitaron las medidas extremas (es decir, los homicidios), pero a cambio se intensificó la regularidad y número de las agresiones.

En tales eventualidades, como siempre, los reporteros continuaron siendo el sector más agraviado al sumar 28% de las incidencias; y le siguieron los fotorreporteros (13%), periodistas cuya especialidad no fue identificada (13%), directores de medios (11%), corresponsales (8%), columnistas y articulistas (8%), y con porcentajes menores se registraron agresiones a conductores o locutores (5%) y editores (3%).

Como puede advertirse, la procedencia de los informadores agredidos se concentró fundamentalmente en la prensa con 61% de los casos consignados al englobarse a periódicos (51%), revistas (6%) y semanarios (4%). En contraste, los medios electrónicos alcanzaron un total de 19%, aunque sin considerar -al igual que con el rubro de la prensa- la posible adición de escasos puntos porcentuales por la ambigüedad de los apartados ÒotrosÓ, ÒdiversosÓ y Òla fuente no lo indicaÓ.

Ahora, por lo que concierne a los presuntos autores de tan numerosos amagos al trabajo informativo, el 33% fueron identificados como miembros de las fuerzas del orden;⁶ el 24% pudieron reconocerse como funcionarios de gobierno -por lo general de mediana o baja jerarquía- y entidades gubernamentales⁷ a título institucional; un 10% se detectaron como simpatizantes, miembros o representantes de organizaciones sociales; un 8% no pudo ser identificado; y en otro 8% la fuente omitió el dato.

Vale resaltar que de los 240 hechos examinados, el 57% correspondió a agresiones, amenazas, actos de hostigamiento e interferencias a periodistas de manera individual; un 13% se centró en demandas a informadores y medios; otro 13% fueron amagos a espacios o medios; un 11% apuntó a perjuicios colectivos a comunicadores; un 3% contempló agresiones a empleados; y un 2% resultaron ser afrentas grupales a trabajadores ajenos al oficio informativo.

En lo relativo a los estados donde se cometieron los actos contra los periodistas, el Distrito Federal -toda vez que las fuentes hemerográficas son capitalinas- concentró el 31% del total;⁸ y en orden descendente le siguen: Tabasco (10%), Tamaulipas (8%), Guerrero (6%), Chiapas (5%); así como Oaxaca, Estado de México, Nuevo León y Veracruz, cada uno con 4%; y Guanajuato, Chihuahua y Michoacán, cada cual con 3% de incidencias.

El análisis hemerográfico del primer bienio zedillista desarrollado por la FMB constituye apenas un acercamiento a la realidad que vive un importante sector del gremio periodístico al verse perseguido, amenazado o reprimido como consecuencia del desempeño de sus funciones. Una tarea de tal índole significa sólo un primer paso en la lucha contra quienes encarnan la intolerancia en su acepción más primitiva. Falta la suma de voluntades solidarias con objeto de constituir un frente organizado y reaccionar cuando se atente contra el ejercicio responsable del periodismo. Finalmente, la libertad de expresión no sólo es de quien la trabaja, sino también de quien la defiende.