Entre diciembre de 1988 y diciembre de 1994, México vivió uno de los periodos más sombríos de que se tenga memoria en la historia del periodismo nacional: al tiempo que se desplegó el ejercicio de la libertad de expresión -en los medios impresos fundamentalmente-, aumentó de manera alarmante el número de agresiones a periodistas. Intimidaciones, golpes, gritos, actos de censura, secuestros, restricciones e incluso muertes fue la "cuota de inversión" para (o el resultado de) la configuración y avance de espacios informativos más críticos y sin sujeciones hacia el poder político.

Algunos analistas suponen que la violencia desatada contra informadores se comprende dentro del contexto violento de un país, y ponen como ejemplo a Colombia... Pero México no entra en ese cartabón: rompe abruptamente la regla. Hasta antes del primero de enero de 1994, nuestro país no vivía ningún conflicto armado desde hace poco más de seis décadas. Sin embargo, para entonces ya se contabilizaban 40 comunicadores ultimados desde el inicio del sexenio salinista. ¿Cómo puede explicarse este fenómeno? O mejor dicho: ¿Qué explicación puede o debe darse? ¿Cuál es el trasfondo de ese escenario? ¿El auge de la narcopolítica? ¿La lucha sin cuartel por cotos caciquiles? ¿La "inseguridad" de funcionarios gubernamentales? ¿La resistencia dinosáurica del sistema político? ¿La "imprudencia" de algunos periodistas?...

Veamos las cifras: de acuerdo con un estudio realizado por la organización Artículo 19, en el gobierno de Luis Echeverría fueron asesinados seis profesionales de la información; durante la administración lopezportillista la cifra ascendió a 12; en el sexenio de Miguel de la Madrid resultaron muertos 33 informadores; y conforme un minucioso rastreo hemerográfico de la Fundación Manuel Buendía, a lo largo del régimen de Carlos Salinas de Gortari cayeron 46 profesionales de la tecla informativa. Ello da un total de 97 periodistas asesinados en los últimos 24 años, cifra con la cual México ocupa el primer lugar en ese terreno a nivel latinoamericano, arriba de Colombia, con 89, y Guatemala, con 53.

Desde 1988, la Fundación Manuel Buendía (FMBAC) se ha dado a la tarea de rastrear toda información hemerográfica y documental referente a actos contra comunicadores a fin de presentar informes periódicos en los cuales se consignen -no como ociosa tarea sino como recordatorio y denuncia sistemática- actos contra la libre expresión, probables motivos y presuntos o probados responsables.

En esta ocasión emprendimos un cuidadoso seguimiento sexenal que arroja datos por cuyo trasfondo no sólo resultan preocupantes, además suenan apabullantes y los sentimos dolorosos: cifras, tendencias, nombres y circunstancias que debieran significar una luz de alerta para el gremio periodístico.

Lista negra
De diciembre de 1988 a diciembre de 1994, la FMBAC pudo contabilizar 500 agresiones a informadores y espacios informativos, y 20 contra empleados de los medios. De ese total 51 fueron asesinatos: 46 periodistas y cinco trabajadores. De los 46 profesionales de la tecla ultimados, según las fuentes hemerográficas, 27 cayeron por motivos desconocidos o no investigados; nueve por razones ajenas al oficio periodístico; y 10 por causas aparentemente vinculadas a su trabajo profesional. De los cinco empleados asesinados, cuatro lo fueron por razones no aclaradas a plenitud, y uno por robo.

Hechos y oficios

Del análisis de datos se desprende que del total de los 520 agravios, 43.8% fueron ataques y agresiones físicas y verbales al momento de cubrir la información o de intentar hacerlo; 16.7% resultaron ser amenazas o actos de intimidación para orientar el tipo de cobertura o por trabajos precedentes; en orden porcentual, los asesinatos ocupan el tercer sitio con un 9.8%; continúan incidentes tales como asaltos y detenciones, cada uno con 8.4%; actos de censura, con 4.2%; allanamientos, con 3.6%; secuestros, con 3.5%; restricciones, con 2.3%; cesantías, con 2.1%. Y con cuantías menores al 2% se ubican hechos como demandas penales, atentados, suspensiones, renuncias inducidas, confiscaciones, presiones de despido, etcétera.

La tarea reporteril continúa siendo la más riesgosa del oficio informativo: de los casos registrados, 30.9% correspondió a reporteros, 10.6% a fotoreporteros, 10.6% a directores de medios, 6.1% a corresponsales, y un 13.6% a periodistas cuya especialidad no definen las fuentes. Con porcentajes decrecientes se ubican conductores, columnistas, camarógrafos, articulistas, comentaristas, editores, entre otros.

Epocas difíciles
Los años más difíciles para los reporteros fueron sin duda 1991 (34.2%, del total de agresiones ocurridas en ese año), 1993 (36.4%) y 1994 (31.0%). Curiosamente 1991 fue año de elecciones federales para diputados y senadores, así como de comicios por la gubernatura en varios estados. Por su parte, 1993 fue un año sumamente complejo dada la tensa atmósfera previa a las elecciones presidenciales. Y el 94 constituyó uno de los años más difíciles por la serie de eventos que lo significaron: el levantamiento zapatista, los asesinatos políticos y los comicios por la Presidencia de la República. ¿Se trata de una casualidad?

Otra coincidencia "curiosa" consiste en que a lo largo del sexenio de Carlos Salinas, el 39.8% de los informadores y empleados agraviados pertenecía a las filas de los medios impresos; 33.5% a diversos medios; 10.6% trabajaba en la televisión; 8.4% en la radio; y en un 6.7% la fuente no lo indicó. Ello sugiere fehacientemente que la auténtica batalla por la libertad de expresión se está librando en la prensa frente a la deleznable sujeción de una buena parte de las emisoras de radio y TV.

Motivos
Los móviles de los agravios apuntan de manera indefectible al ejercicio periodístico de los informadores: 39.7% resultó agredido, amenazado, injuriado o fue objeto de restricciones al tratar de cumplir con su deber profesional. Un 20.5% se hizo merecedor a similares afrentas por hacer públicas denuncias o críticas, en tanto que de un 20.3% se desconocen las razones. Con menores porcentajes continúan asaltos, supuestos delitos contra la salud, difamaciones, evasiones fiscales, conflictos laborales, supuestas venganzas políticas, crímenes pasionales... Aquí vale la pena señalar que no es infrecuente que se traten de alejar las hipótesis lo más posible del oficio de la tecla y se escuchen, por ejemplo, que los motivos aparentes se vinculan a "problemas de ebrios", "situaciones personales", "el narcotráfico" o "líos de transexuales."

Agresiones

Por lo que se refiere a los presuntos y más seguros responsables de los agravios, de acuerdo con la base hemerográfica, el 31.7% fueron identificados como pertenecientes a las fuerzas del orden (policías, judiciales, patrulleros, granaderos, etcétera); 19.6% de los autores de las agresiones no pudieron ser identificados; 17.1% fue gente de instituciones gubernamentales (autoridades municipales, jefes de prensa, directivos menores, etcétera); 6.7% correspondió a personas de partidos políticos y sindicatos; otro 6.7% fueron particulares; 6.3% pertenecía a grupos políticos y sociales diversos; y un 5% eran directivos de medios.

Lugares

Al examinar la distribución geográfica de los 520 casos de agresión ocurridos entre 1988 y 1994, encontramos que el Area Metropolitana fue la zona que aglutinó el mayor porcentaje con 32.2%. Y en orden descendente se ubican el Sur Peninsular, con 19% (Chiapas, 7.7%; Guerrero, 4.0%; Tabasco, 3.3%; Quintana Roo, 1.3%; Oaxaca, 1.2%; Campeche, 1.0%; Yucatán, 0.6%); Area Noroeste, con 13.6% (Chihuahua, 3.8%; Sonora, 2.9%; Nayarit, 2.3%; Baja California, 2.1%; Sinaloa, 1.2%; Durango, 1.0%; BC Sur, 0.4%;); Area Noreste, con 13.2% (Tamaulipas, 6.3%; Coahuila, 2.9%; Nuevo León, 1.7%; San Luis Potosí, 1.0%; Zacatecas, 0.8%; Guanajuato, 0.6%); Area Centro Occidente, con 12.3% (Estado de México, 4.2%; Michoacán, 3.1%; Jalisco, 2.3%; Aguascalientes, 1.5%; Querétaro, 0.8%); y el Area del Golfo, con 9.2% (Veracruz, 3.3%; Morelos, 2.9%; Hidalgo, 1.5%; Puebla, 1.2%, Tlaxcala, 0.4%). Como la mayor parte de los medios impresos consultados para esta investigación se editan en la ciudad de México, es dable pensar que no siempre publican vasta información de las regiones, lo cual permite sugerir que los registros constituyen una muestra -tamizada por un filtro centralista- de lo que realmente ocurre en toda la República Mexicana. Aun así, el estudio representa un acercamiento fiel a la compleja realidad del trabajo periodístico en México. Y por ello es bastante sintomático que justamente sea la zona metropolitana la que ocupa el sitio más relevante respecto al número de incidentes contra la libre expresión, pues resulta evidente que varios de los medios impresos y contadísimos espacios radiofónicos que se distinguieron por ejercer y extender la libre expresión sin ambages y por conquistar la confianza y la credibilidad de un creciente público, se editan y emiten en la capital. Pero también resulta altamente significativo el hecho de que el Sur Peninsular, compuesto por los estados con mayores rezagos económicos y con ancestrales estructuras de poder caciquil, se coloque en segundo lugar. Significativo porque tal situación parece confirmar una resistencia de los poderes locales a que haya informadores y medios comprometidos con los intereses de la comunidad en territorios donde las injusticias son el pan de cada día. Ello además corrobora las palabras de Manuel Buendía, quien decía: "Allá, en los pueblos del interior, es donde el periodismo requiere auténtica valentía personal, porque las banquetas son demasiado estrechas para que no se topen de frente -por ejemplo- el periodista y el comandante de policía de quien aquel hizo crítica en la edición de esa misma mañana. [...] Allá, en los estados, donde los estrechísimos círculos del poder local acogotan la economía de los editores combativos y pretenden lastrar el desempeño de los editores comprometidos, el ejercicio del periodismo reclama una entereza excepcional".

Epílogo

Así pues, es innegable que en los últimos seis años se ensanchó valerosamente el ejercicio crítico de la libertad de prensa. No obstante la factura pareciera bastante amarga: 520 agresiones tan sólo en ese periodo no es ni justificable ni admisible. Y el panorama se complejiza en la medida que las autoridades pocas veces ahondan en las investigaciones. Si de los 46 periodistas asesinados, por ejemplo, se desconocen los móviles de 27, en tanto no se compruebe lo contrario es posible suponer que hayan caído por razones vinculadas al oficio informativo. Como ha podido constatarse, son numerosos los casos en los que se ignoran las motivaciones reales y los responsables: tal escenografía ya no puede ni debe aceptarse. La impunidad que se oculta pusilánimemente y los gestos de intolerancia que nunca escasean, pudieran ir en aumento si el gremio periodístico no reacciona con mayor energía y decisión para hacer frente a los intentos de ensombrecer e inquietar el ejercicio de la libre expresión.

Coordinador general de la investigación: Omar Raúl Martínez. Procesamiento de información: Juan Antonio Barrera. Recopilación de datos: Fabiola N. Perafán y Verónica T. Martínez.